La implementación de sistemas de gestión que mejoren la función administrativa, ha sido una de las herramientas adoptadas en el sector público con el fin de orientar las actuaciones de las entidades estatales conforme a los principios constitucionales, en particular, los referentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, con el fin de fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional y de este modo obtener mejores resultados frente a los bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Por este motivo desde la emisión de la Ley 872 de 2003, por medio de la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público, las diferentes administraciones han procurado promover el desarrollo de sistemas de gestión que permitan “dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de servicios a cargo de las entidades”.