La función de administrar el Estado no es ocupación sencilla, conlleva una serie de requerimientos estipulados por la legislación colombiana, la doctrina, la jurisprudencia y los fallos judiciales, que se han ocupado en los últimos años de darle la instrucción suficiente para ocupar cargos administrativos de índole gubernamental y a la vez generar solución a una problemática muy concreta, que se genera por parte de la administración pública en el tema relacionado con el abuso del poder. Toda administración pública debe ajustarse a la norma constitucional y la legislación vigente, por lo que la expedición de un acto administrativo, judicial o legislativo donde se ejecuta cierto poder de discrecionalidad no debe en ningún momento vulnerarse el principio de legalidad, ni la motivación del acto y mucho menos el interés general y la consecución de los fines esenciales del Estado. Por ello, se hace necesario estudiar el poder de la administración pública desde la óptica de su división tripartida.