Cuando se presentan enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos subversivos se debe suponer que puedan quedar artefactos explosivos como consecuencia de la utilización de tales armas por parte de uno o de ambos bandos contendientes, razón por la cual las fuerzas del Estado deben informar de esta posibilidad de peligro a las personas que habitan las zonas cercanas al sitio en el cual se da el enfrentamiento procediendo, además, a realizar un barrido para eliminar el potencial peligro, de no hacerlo así el estado estará incumpliendo sus obligaciones como garante de la vida y la integridad de los ciudadanos. Situación que se presentó en el caso en estudio y que llevó al Consejo de Estado a fallar en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, acogiendo parcialmente las pretensiones de los demandantes.