La convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos y de los grupos humanos, dentro del reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto a la pluralidad, se hace posible, entre otras razones, por la adopción y aceptación común de un sistema regulado de condiciones y procedimientos en el manejo adecuado de las relaciones de mutua dependencia entre las personas y grupos, según sus derechos y deberes, jerarquías y funciones. Esto expresa la necesidad de tener unas normas de convivencia, conocidas y aceptadas por todos los asociados, que garanticen el bien común y el sentido de pertenencia social e institucional.