La violencia de género, presente en todos los estamentos y grupos sociales, se ha naturalizado de tal forma que, son frecuentes y divulgados los casos de feminicidio, especialmente en la Policía Nacional, en donde miembros activos de esa institución en un ejercicio de poder, cometen actos de discriminación y violencia contra la mujer, en sus relaciones afectivas, familiares, laborales y sociales.Es necesario establecer la responsabilidad del Estado, quien debe dar cabal cumplimiento a su compromiso de evitar la vulneración de los derechos de las mujeres, aplicando la normatividad constitucional: La Constitución Política consagró que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República […] fundada en el respeto de la dignidad humana” 1, que “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”2 y en donde todos “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”3 , para lo cual “protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Así como la normatividad convencional y legal que lo obliga a adoptar medidas dirigidas a contrarrestar de manera eficaz la discriminación de género. Las mujeres víctimas de estas violencias, podría decirse no tienen un adecuado acceso a la justicia y la gran mayoría de estos casos, quedan en la impunidad, precisamente porque los agresores, que para esta investigación son algunos miembros de la fuerza pública, abusan de su condición de poder y fácilmente acceden a presiones, de tipo psicológico sobre las mujeres y amenazas de muerte para que no denuncien.