El acuerdo de la Habana, así como la legislación que lo implementa, se ha constituido bajo un paradigma de Justicia Transicional. Esta forma de justicia se debe comprender como la variedad de procesos y mecanismos asociados para resolver problemas a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, sirvan a la justicia y lograr la reconciliación. Dichos mecanismos deben abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad y la reforma institucional. Este acuerdo fue concebido entre las FARC –EP y el Gobierno Nacional, para el cual fue necesario concebir un Marco Jurídico para la Paz, el cual permitiera la aplicación de las negociaciones, siempre y cuando no se vulneraran las obligaciones internacionales suscritas por Colombia a través de Tratados Internacionales, en diversos aspectos, en este caso se pretende establecer, cuáles son esas obligaciones que el Estado debe respetar frente a la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional, los Derechos Internacionalmente reconocidos a las víctimas, la Responsabilidad Penal de los máximos superiores, y demás garantías. Para esto, dentro del Proyecto se pretende analizar los cometidos planteados dentro de la Sentencia C – 577 de 2013, Sentencia C – 674 de 2017, El Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la JEP 1957 de 2019, para emitir conceptos jurídicos a la Procuraduría Delegada ante la JEP, con el propósito de llenar los vacíos sustanciales y procedimentales que puedan presentarse en el escenario de Justicia Transicional. Este Proyecto busca generar nuevo conocimiento para solucionar problemas procedimentales y sustanciales actuales que presenta la implementación de la JEP.