La línea jurisprudencial sobre la “Responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado frente a actos terroristas cometidos por terceros” permite entender cómo el operador jurídico ha respondido a los retos que la violencia le ha planteado, dentro de una visión del derecho como un dato de la realidad. En las sentencias analizadas es indiscutible la existencia del daño antijurídico en la vulneración de los derechos a la vida, la dignidad humana, la propiedad, la vivienda, la integridad personal y el modus vivendi que las víctimas han padecido por la acción de terceros contra el Estado usando el terrorismo. Sin embargo, frente a la imputabilidad existe una gran discusión para atribuir responsabilidad al Estado. Aquí, la teoría administrativa generada por el Consejo de Estado ha establecido la responsabilidad subjetiva (falla en el servicio), a título de dolo o culpa, y la responsabilidad objetiva (daño especial o riesgo excepcional), en la cual el juez no debe estudiar la culpabilidad de las entidades estatales sino la situación de la víctima, la posición de garante de la entidad estatal, la forma en qué se produjo el daño y la violación de las cargas públicas.