La Constitución Política de Colombia, en ejercicio de su poder soberano y en razón a la existencia del principio de la división de poderes, estableció la necesidad de que se proeja el patrimonio público a través de la instauración de una serie de órganos que hacen parte del sector descentralizado, para que llevaran a cabo un control en el desarrollo de las actuaciones de tendientes a gastar y/o utilizar los recursos públicos. Es por tal motivo que tanto constitucional como legalmente se ubicó a la Contraloría General de la Republica como máximo ente para ejercer el control y vigilancia de las actuaciones de las entidades administrativas centralizadas, en aras de evitar el detrimento del patrimonio.