La gestión pública en un marco de desarrollo sostenible presupone un cambio de lo tradicional, así como un reto impuesto la dinámica de externalización de los servicios públicos, ya que este tipo de procesos implican una pérdida de control por parte de la administración y, por tanto, de control de la agenda (Ramió, 2010). En ese mismo sentido, y en cuanto tiene que ver con la prestación de servicios, como lo es el agua, la administración privada del bien puede implicar problemas de calidad, eficacia y eficiencia en función del objetivo privado de minimización de costes. Otro desafío manifiesto es lograr la participación ciudadana activa en estos procesos, como lo señala Ramió: “uno de los logros de la participación ciudadana debería ser su contribución en decidir qué se debe externalizar o no y, también, ejercer como mecanismo complementario de control y de evaluación de las externalizaciones” (Ramió, 2010, p. 32).