Desde la década de los setenta la preocupación que se ha puesto de manifiesto por diferentes organizaciones internacionales ha sido el efecto negativo de las actividades antrópicas sobre los recursos naturales que se están agotando, comprometiendo la vida de las generaciones futuras. En 1987 la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo evidente esta problemática, preparó un informe denominado “Nuestro Futuro Común”, más conocido como el Informe Brundtland, a partir del cual se vienen proponiendo alternativas para garantizar un desarrollo sostenible con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades, el uso adecuado de los servicios ambientales, la eficiencia energética en el uso de tecnologías y el progreso en la forma como los individuos interactúan con su entorno. Considerando que en los diferentes procesos del ciclo económico, no sólo se transforman recursos naturales en bienes y servicios para el consumo final, sino que también se generan una gran cantidad de residuos sólidos (RS), su manejo y disposición se debe realizar de una forma eficiente; además, la capacidad de los ecosistemas para absorber dichos residuos no es suficiente comparada con la generación de los mismos.