La ley 1996 de 2019 desarrolla los nuevos paradigmas de la capacidad que presentó en 2008 la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en donde se realiza el tránsito del modelo rehabilitador de la discapacidad al modelo social que entiende a la persona como pleno sujeto de derechos, por lo cual ahora es imposible coartar su derecho a la autonomía y en el proceso a tomar decisiones y a equivocarse razón por la cual la nueva ley deroga la figura de la interdicción y el régimen de guardas. El propósito de la presente investigación es confrontar la proyección de los principios del nuevo sistema de apoyos con la protección a las personas que por sus calidades o la naturaleza de su discapacidad pueden encontrar en su libre actuar una grave afectación a su patrimonio y al que comparte con su entorno familiar, como es el caso de los disipadores en donde el desarrollo del principio de la autonomía podría culminar en su liquidez.