La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) ha puesto nuevamente en el debate público los interrogantes acerca del Gobierno a nivel territorial. Si bien la relación entre presencia del Estado en lo local y conflicto armado ha justificado distintas políticas públicas a lo largo del siglo xx, desde los planes para las zonas afectadas por la violencia bipartidista puestos en marcha por la Oficina Nacional de Rehabilitación en 1958 hasta la descentralización de la Constitución de 1991, esta no había sido incluida como elemento transversal de una negociación entre los actores del conflicto armado.