Desde hace un poco más de una década en Colombia es frecuente el uso de la categoría enfoques diferenciales tanto en políticas públicas como en el trabajo diario de organizaciones sociales e instituciones estatales, sin que su contenido, alcance y forma de materialización sean claros y uniformes, lo cual, más que contribuir al avance en la protección de derechos de grupos históricamente discriminados, en ocasiones lleva a un uso meramente retórico que no aporta al objetivo para el cual fueron creados.