El conflicto armado colombiano ha traído consigo el desplazamiento de miles de personas hacia diferentes regiones del país. Las consecuencias sociales y económicas de este fenómeno son considerables tanto para las zonas de recepción como de envío. Los grupos armados fuera de la ley, y en ocasiones el mismo estado, obligan a esta población a migrar a zonas sin que ellas cuenten con el suficiente tiempo para preparar las condiciones de adaptación, lo que ocasiona pérdidas en capital físico, financiero, humano y cultural. Esta población en general no se encuentra capacitada para afrontar el mercado laboral de la región de recepción lo cual dificulta la generación de ingresos de estos hogares, incidiendo en los niveles de pobreza y forjando trampas que son difíciles de abandonar en el largo plazo. El inconveniente para las regiones de recepción es que estos problemas de las victimas terminan posteriormente afectando los indicadores sociales de la región como los aumentos en la tasas de criminalidad, reducción en los niveles de educación, segregación, discriminación, entre otros.