El ordenamiento territorial en Colombia, así como en cualquier organización política, tiene gran importancia y utilidad, ya que se constituye como un mecanismo de planificación que permite configurar la organización del territorio conforme las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas de la sociedad y los objetivos de desarrollo trazados1. Dentro de los objetivos propuestos para el territorio colombiano, la Constitución Política de 1991, como máxima guía y norma superior, ha dado prevalencia al cuidado del medio ambiente, en correspondencia por los esfuerzos mundiales por contrarrestar el daño ambiental y la preservación de los recursos naturales asegurando las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, lo cual se ha definido como desarrollo sostenible2.