En el presente trabajo de investigación se abordó la utilidad de los productos de inteligencia y contrainteligencia que produce el Estado colombiano a través de sus organismos especializados en los parámetros de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, y su decreto reglamentario 1070 del 2015, con el fin de analizar si es posible que los resultados de dicha función puedan servir como mecanismo de interpretación y/o medio de prueba en las labores de investigación y judicialización que adelanta la Fiscalía General de la Nación como ente investigador y acusador, titular de la acción penal en los procesos penales.