Se suele recurrir al derecho penal como tabla de salvación para controlar las conductas que aparentemente se hacen inmanejables; sin embargo, y a pesar de que el empleo del sistema penal del Estado no puede servir para apagar incendios, el legislador toma el camino fácil de la incriminación de nuevas conductas, del endurecimiento punitivo y en general de las reformas inconsistentes para dar una “rápida” respuesta a los fenómenos que aquejan a la sociedad. Es claro que el derecho penal es un instrumento del Estado que debe emplearse con la mayor cautela posible; a través de él se afectan los derechos y las libertades por las cuales esta constituida la sociedad. Por esta razón, se han elaborado diferentes teorías dentro de las que se enmarca la actuación punitiva del Estado y estas existen para ser tenidas en cuenta.