El conflicto interno que hace décadas atraviesa el país y la pobreza secular de un amplio segmento de la población son fenómenos que se retroalimentan perversamente, lo que ha obligado al Estado colombiano, en forma creciente, a adelantar programas sociales y acciones orientadas a la atención de los hogares de población en situación de desplazamiento que han sido víctimas de hechos violatorios de sus derechos humanos y que por ello, simultáneamente, han sufrido detrimento en las condiciones de vida. La pobreza física de esta población se entiende y analiza como carencia, ausencia de posibilidades o falta de satisfacción de una o más necesidades básicas para alcanzar un nivel de vida digno (Vivas y Alvarado, 2000). La propuesta objeto de evaluación es el Programa Especial Desarraigados Fase II, PED, financiado por la Comunidad Europea y por Acción Social. Si bien este Programa, como parte importante del conjunto de acciones diseñadas por el Estado para atender esos hogares, toma en consideración, la insuficiencia de ingresos y la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, por tratarse de población en situación de desplazamiento, tiene un amplio alcance permeando aspectos, tales como la cultura, buscando, ante todo, coadyuvar en el proceso de reconstrucción del tejido social tanto de la población desplazada por el conflicto interno como de la población vulnerable, esto, concretamente, mediante proyectos de reintegración social y estabilidad socio-económica que enfatizan en el fortalecimiento de la organización comunitaria y de autogestión locales, a través del fomento de acciones colectivas y de la cooperación comunitaria e institucional que a la postre llevarían que las familias y las comunidades afectadas lograsen los beneficios previstos.