Facultades oficiosas del juez de garantías en la imposición de medidas de aseguramiento frente al derecho de defensa del procesado
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Date
2021-09-22Author
Director de tesis
Vásquez Betancur, SantiagoMetadata
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Abstract
En materia procesal penal, un tema que cobra gran relevancia, es el rol del juez de control de garantías en la imposición de medidas de aseguramiento. A partir de las normas internacionales e internas aplicables, que han sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional y de la doctrina, dicha figura se encuentra diseñada para un Sistema Penal con tendencia Acusatoria, que responde a un modelo de justicia rogada, en el cual, por regla general, es la Fiscalía a quien corresponde solicitarlas, lo que implica que al juez de control de garantías, imparcial e independiente, le está prohibido imponer medidas diferentes a las pedidas por el ente persecutor. De no ser así, no solo se rompe el equilibrio del sistema procesal adoptado en el Acto Legislativo 03 de 2002, sino también se transgrede el derecho de defensa del procesado, dado que sus argumentos se dirigieron contra la solicitud inicial y no contra la decisión sorpresiva y oficiosa del juez.
Diferente es que en atención a criterios de excepcionalidad, necesidad y gradualidad, el juez de control de garantías imponga una menos gravosa a la solicitada por la Fiscalía, pues precisamente se trata de una facultad que se encuentra consagrada de manera expresa en la ley (Art. 307 C.P.P.), y respaldada por el principio pro libertatis (Art. 295 Ibíd.), que supone en todo caso una ponderación de las consecuencias de la medida impuesta, teniendo en cuenta las tesis de la fiscalía y la defensa.
Abstract
In penal procedural matter, a topic that takes on great relevance is the role of the guarantee control judge in the imposition of insurance measures. Based applicable international and internal standards, that have been subject of review by the Constitutional Court and doctrine, this figure is designed for a Penal System with an accusatory tendency, that responds to a model of requested justice, in which, as a general rule, it is the Prosecutor's Office who should request them, which implies that the impartial and independent guarantee control judge is prohibited from imposing measures other than those request by the persecuting entity. If not, not only will the balance of procedural system adopted in Legislative Act 03 of 2002 broken, but also the right of defense of the accused is violated, due to his arguments were against the initial request and not against the surprise decision and officious of the judge.
It is different if, in attention to exceptionality criteria, necessity and gradualism, the guarantee control judge impose a less burdensome one than the one requested by the Prosecutor's Office, because it is precisely a faculty that is expressly consecrated in the law (Art. 307 CPP), and supported by the pro libertatis principle (Art. 295 Ibid.), that supposes in any case a weighting of the consequences of the imposed measure, taking into account the prosecution and the defense theses.
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