El alcance del documento esta delimitado a realizar un comparativo entre los artículos de la Convención sobre Municiones en racimo y el desarrollo de las acciones que el Estado colombiano ha adelantado o debería llevar a cabo para darle cumplimiento. Se ubica desde el lado humanitario del sufrimiento que representan estas armas y como el Gobierno Nacional, el Congreso y las Altas Cortes, que representan el Estado Social de Derecho, asumen sus responsabilidades constitucionales para evitar el sufrimiento y las muertes que causan las municiones en racimo.