El crecimiento económico y social de un país depende, en gran parte, de la inversión social. Cuando pensamos en el gobierno colombiano sabemos que la Constitución Nacional demanda la búsqueda del bien común, que necesita recursos económicos como quiera que el ahorro nacional no sea suficiente debe recurrirse a los créditos externos. Situación que se torna compleja como veremos, pues la soberanía nacional se ve afectada por la imposición de medidas exigidas por los intermediarios financieros internacionales multilaterales. El Estado Social de Derecho establece las reglas constitutivas de la soberanía. El Estado sigue definiéndose en función de un territorio delimitado, de un Gobierno y de una población estable, pero más allá de esta continuidad de factores encontramos discontinuidad por la ruptura de las reglas que regulan la soberanía por razón de la interferencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las transformaciones que vive actualmente la soberanía deben entenderse a partir del binomio que se establece como el poder soberano representado por el Gobierno de cada país y de otra parte, por los Organismos Financieros Multilaterales que suministran los recursos para financiar la inversión social.