Responsabilidad del Estado por Actividad del Legislador: Análisis de su Configuración Dentro del Régimen de Imputación Objetiva o Subjetiva

Abstract

Después, durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, se apreciaba que las leyes no producían ningún tipo de daño en la población, de esta manera no se generaba la necesidad de indemnizar puesto que las actuaciones del legislador eran el reflejo de la voluntad soberana del Estado, de esta manera el concepto que se tenía al respecto reflejaba la irresponsabilidad del Estado, al no obligarse a resarcir los hechos dañosos causados por la actividad legislativa. Por otra parte, la falta del control constitucional que para la época no se hacía en Francia sobre las leyes expedidas por parte del parlamento, conllevaba a que se asumiera de manera discrecional la exclusión por algún tipo de reproches que generaran juicios indemnizatorios. Sin embargo, debido a que a estos actos legislativos se les reconoce su carácter general, impersonal, y abstracto, esto no permitía individualizar, caracterizar y establecer el perjuicio especial o particular que se causaba, siento este un elemento indispensable para determinar la responsabilidad extracontractual administrativa del Estado; igualmente no permitía determinar el sujeto pasivo, ni el sujeto activo generador de los hechos dañosos antijurídicos por parte de una entidad pública. Ante lo anterior, el Legislador contaba con facultad de expedir las leyes, alejándose de su obligación de apreciar los impactos negativos que podía ocasionar una ley en determinado sector de la sociedad, anteponiéndose a la idea de que la ley podía vulnerar los derechos de la población. En concreto, se concebía la idea de que solo vulnera los derechos de los administrados quienes ejecutan la ley, y no quienes la generan o expiden. (Mejía & Navarro, 2017, pp.67-68) Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, Hans Kelsen estableció los tribunales para salvaguardar la supremacía constitucional, en donde se concibió el concepto del control de los actos del legislador, describiendo que las normas que él expide son susceptibles de generar daños. El concepto de lo abstracto de los hechos del Legislador empezó a quedar en desuso, debido a que esta entidad pública empezó a generar leyes, cuyos destinatarios eran particulares que podían resultar afectados, determinándose de esta manera la clara afectación a personas específicas. Por tanto, quienes se vieron afectados de manera negativa por la expedición de leyes podían expresar su afectación. De esta manera se constituyeron las bases que dieron origen a la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados con la actividad del legislador. (Mejía & Navarro, 2017, p. 68).