La sociedad como conjunto de individuos que interactúan entre sí en determinado ámbito ya sea por medio de sus actos, lenguas, cultura, costumbres etc., es generadora de conflictos de diversa índole como por ejemplo en materia laboral tenemos las controversias que surgen entre empleadores y trabajadores, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo los conflictos derivados entre el Estado y los particulares o entre las mismas entidades; es así como el Estado juega un papel importante a la hora de intervenir en la solución de dichos conflictos de una manera civilizada. Hablamos del Estado como ese órgano interventor legitimado para dirimir la Litis, pero la pregunta es ¿cómo el Estado interviene? El Estado interviene a través de los diversos centros de conciliación localizados en diferentes partes del país, para ello el legislador estableció los límites y capacidades de cada uno de ellos. A nivel constitucional tenemos el artículo 116, que faculta a los particulares para ser investidos transitoriamente para administrar justicia (…), es así como los particulares coadyuvan al Estado en la búsqueda de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, que para el caso de estudio es la conciliación. La conciliación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos tiene ventajas, una de ellas es que a pesar de que las partes no hayan llegado a un acuerdo amigable, pueden identificar la dimensión de la Litis; o da vía para que se pueda acudir ante la jurisdicción en determinados casos. Otra opción es que se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto, siendo este en últimas el fin primordial de esta figura jurídica. Generalmente la conciliación se agota en una sola audiencia, es rápida, eficaz, efectiva y no exige de manera excesiva formalismos que impliquen mayor tiempo.