El desarrollo de relaciones interestatales ha llevado a que los tribunales nacionales tramiten demandas en las cuales el sujeto activo o pasivo es un estado extranjero. El derecho internacional ampara con inmunidad de jurisdicción los actos de los estados en territorio extranjero, pero limita su reconocimiento a algunos casos. Los tribunales colombianos en aplicación del principio de inmunidad de jurisdicción, reconocen su incompetencia en todos los casos en que un estado extranjero es parte procesal. Esta situación limita el acceso a la justicia de los particulares y ocasiona cargas patrimoniales desproporcionadas para el Estado colombiano.