Bolivar Mojica, EyderSolano Mendoza, Jenny Paola2017-06-152017-06-242017-06-152017-06-242016https://hdl.handle.net/11634/2338La Constitución Política de 1991 establece en sus artículos 125 y 126 que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa y se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley; en este sentido se concibe el régimen de carrera administrativa como un principio constitucional que busca la correcta vinculación y administración del personal al servicio de Estado. Así mismo, señala que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, es decir bajo los principios del mérito, la igualdad y la imparcialidad, En tal sentido, es claro que bajo el sustento jurídico, el régimen de carrera como regla general ha sido levantado bajo los cimientos del mérito y de la igualdad de oportunidades para su ingreso, sin embargo, dada la amplitud de la norma y la flexibilidad de la misma, el régimen de carrera administrativa se ve enfrentado a normatividad que permite que algunas vacantes temporales o incluso definitivas sean ocupadas por servidores públicos nombrados en provisionalidad, desdibujándose con ello el principio de la meritocracia y generando a su vez desigualdades en términos de derechos a los funcionarios de una misma entidad.application/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/bachelor thesisAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Empleo públicoCarrera AdministrativaConstitución políticareponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.co