Caducidad del medio de control reparación directa en los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado colombiano
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2016
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
Las providencias proferidas como consecuencia de las acciones o medios de control contencioso
administrativos conocidos como reparación directa, en lo concerniente a la responsabilidad
patrimonial del Estado por delitos de lesa humanidad, cuando estos han sido cometidos por agentes
suyos, no debería reducirse a la literalidad del artículo 164, numeral 2, literal i) de la ley 1437 de
2011 (oportunidad para presentar la demanda), empero la interpretación que se derive de esa norma
debería propender por la efectividad del derecho sustantivo de la víctima, puesto que en nuestro
país, si bien el derecho penal castiga la conducta del infractor (en este caso del agente estatal) en
cualquier tiempo posterior a la comisión del crimen de lesa humanidad, la jurisdicción contencioso
administrativa castiga – en no pocos casos – es a la víctima al imponerle que dentro de un período
limitado en el tiempo tenga que interponer la demanda, so pena de que opere el fenómeno jurídico
de la caducidad, no obstante lo que está en juego es la dignidad humana, fundamento de todos los
derechos y deberes, y materia de especial protección constitucional, del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos.
El presente artículo, dado lo anterior, es una reflexión académica, desde el punto de vista de la
razonabilidad y proporcionalidad socio jurídica que debería existir entre los habitantes, residentes
o nacionales de Colombia que demandan a la nación para que la tutela de sus derechos humanos
sea restablecida o resarcida mediante una indemnización - que debería ser imprescriptible -. Esto
con la finalidad de que el lector pueda considerar analíticamente el hecho de que la caducidad de
la acción de reparación directa, tal y como existe hoy en día en nuestro país, es un daño colateral
que la víctima del abuso estatal debe también soportar, y que a todas luces, contraría la dignidad y
la vida, entre otros derechos.
Para elaborar el actual artículo, se recurrió a la tipología metodológica descriptiva, teniendo en
cuenta una visión socio-jurídica del problema, pues la violación a los derechos humanos por parte
de agentes del estado se ha convertido en un fenómeno social sistemático. Se analizará de él sus
orígenes, evolución, su estado actual y jurisprudencia al respecto.
Lo anterior teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el afectado no ha tenido la posibilidad de
acudir a la ayuda del estado, como consecuencia de factores externos e internos, lo cual nos
concluye que no tiene sentido el hecho de que se penalice en cualquier momento al responsable
estatal de violar los derechos humanos (a fin de que se resocialice), si la reparación integral va a
quedar sometida a la instauración de la acción de reparación directa dentro de los dos años
siguientes a la ocurrencia del hecho causante del daño o “de cuando el demandante tuvo o debió
tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
Abstract
The judgment rendered as a result of the sue or means of administrative contentious control known
as direct reparation, as regards the State's liability for crimes against humanity, when committed
by its agents, should not be reduced to the literal nature of article 164, numeral 2, literal i) of law
1437 of 2011 (opportunity to present the demand writ), however the interpretation that derives
from that regulation should be based on the effectiveness of the substantive right of the victim,
since in our country, although the criminal law punishes the conduct of the offender (in this case
of the state agent) at any time after the commission of the crime against humanity, the
administrative contentious jurisdiction punishes - in a few cases - the victims, by imposing them,
within a limited period of time, to submit a claim, under penalty of the legal phenomenon of
forfeiture, notwithstanding what is at stake is human dignity, the basis of all rights and duties, and
special protection Constitutional law, international humanitarian law and human rights.
The present article, given the above, is an academic reflection, from the point of view of
reasonableness and socio-legal proportionality that should exist between the inhabitants, residents
or nationals of Colombia who sue the nation so that the protection of their human rights be restored
or compensated - which should be imprescriptible -. This in order that the reader can analyze the
fact that the expiration of the action of direct reparation, as it exists today in our country, is a
collateral damage that the victim of state abuse must also endure, and which clearly contradicts
human dignity and life, among other rights.
In order to elaborate the present article, the descriptive methodological typology was used,
taking into account a socio-legal vision of the problem, since the violation of human rights by
agents of the state has become a systematic phenomenon. It will analyze its origins, evolution, its
current status and jurisprudence in this regard.
The previous words taking into account that in many occasions the affected one has not had the
possibility to go to the aid of the state, as a consequence of external and internal factors, which
concludes to us that the punishment at any time to the responsible for violating human rights (in
order for him to be resorted to) does not make sense , whether the integral reparation will be subject
to the establishment of the direct reparation sue within the two years following the occurrence of
the event causing the damage or " when the plaintiff had or should have been aware of it if it was
later and whenever they prove the impossibility of having known it on the date of its occurrence”.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Ochoa Zapata, F., & Bejarano Peña, S. (2016). Caducidad del medio de control reparación directa en los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado colombiano. Villavicencio, Meta, Colombia: Facultad de Derecho, Especialización en Derecho Administrativo, Universidad Santo Tomás.