La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) fue adoptada por el Gobierno colombiano como una herramienta de justicia transicional, con el objetivo de establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas del conflicto armado, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Así, esta ley abre la posibilidad de que el Estado, de manera solidaria, concurra en la reparación de las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en Colombia.