Ley 2080 de 2021 y la constitucionalización del derecho administrativo en Colombia.
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2022-07-14
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
A partir de la segunda guerra mundial, los Estados determinaron la incorporación en los ordenamientos jurídicos del concepto de Derechos Humanos, como facultades propias e inherentes a las personas por su sola condición de tales.
En esta medida, las naciones se organizaron y dentro de sus núcleos se profirieron instrumentos supranacionales que contienen el catálogo de los derechos que cada nicho particular está dispuesto a incorporar, existiendo uno general en el que participan la mayoría de los Estados, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En América, se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, Colombia ha ratificado los dos tratados internacionales mencionados y a partir de la Constitución de 1991 los incorporó al ordenamiento jurídico interno.
Así como Colombia adaptó su normatividad a los Derechos reconocidos por la comunidad internacional, y dentro del ordenamiento jurídico les concedió un carácter preferencial y fuente de interpretación y aplicación de las normas, este ha sido el efecto común en la mayoría de los Estados parte en los tratados mencionados, los cuales a través de sus constituciones han reconocido e internalizado los conceptos de Derechos Humanos y los han tenido como principios rectores del
funcionamiento de la administración.
De esta forma, al interior de los sistemas normativos de cada Estado, la Constitución política, al ser la carta de navegación de todas las instituciones y de la administración de justicia, es la que contiene los principios que la rigen y los fines que persigue.
En esta medida, las demás normas del ordenamiento, se adaptan al texto constitucional, bien sea a través de las decisiones judiciales o de las novedades legislativas para apegarse a los principios ordenadores, esto es a lo que se conoce como constitucionalización del Derecho.
El derecho Administrativo y Contencioso Administrativo no son ajenos a este proceso de constitucionalización, en el que intervienen de manera importante, puesto que ellos regulan las actuaciones de la administración y la forma en que se adelantan los procesos judiciales con miras al control de dichas actuaciones.
En Colombia el proceso de constitucionalización del derecho administrativo comenzó con la expedición de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, luego de un juicioso proceso de análisis de las necesidades normativas en el que participó el gobierno, la academia y miembros de la propia jurisdicción.
Este informe pretende recopilar los principales elementos en relación con el avance del mencionado proceso de constitucionalización, especialmente evaluar lo aportado con la expedición de la Ley 2080 de 2021, la cual surge en medio de la emergencia sanitaria por Covid 19, aunque su trámite ya había iniciado previamente, ante las circunstancias cambiantes, también fue necesario hacer ajustes para que el Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo resultara más
cercano a los habitantes, en medio de la situación.
Adicional a lo aprendido durante la realización del Diplomado, se realizó profundización principalmente en lo que tiene que ver con el concepto de constitucionalización y los antecedentes del mismo, puesto que el análisis de la norma por ser de carácter reciente, se basa principalmente en el estudio personal realizado a las modificaciones que trajo la Ley.
Abstract
As of the Second World War, the States determined the incorporation in the legal systems of the concept of Human Rights, as their own faculties and inherent to people by their mere condition as such.
To this extent, the nations organized themselves and within their nuclei supranational instruments were issued that contain the catalog of rights that each particular niche is willing to incorporate, with a general one in which most of the States participate, such as the Declaration Universal of Human Rights.
In America, the American Convention on Human Rights was adopted, Colombia has ratified the two international treaties mentioned and, starting with the 1991 Constitution, incorporated them into the internal legal system.
Just as Colombia adapted its regulations to the Rights recognized by the international community, and within the legal system granted them a preferential character and source of interpretation and application of the norms, this has been the common effect in the majority of the States party to the mentioned treaties, which through their constitutions have recognized and internalized the concepts of Human Rights and have had them as guiding principles of the
administration operation.
In this way, within the regulatory systems of each State, the Political Constitution, being the navigation chart of all institutions and the administration of justice, is the one that contains the principles that govern it and the goals it pursues.
To this extent, the other regulations of the legal system are adapted to the constitutional text, either through judicial decisions or legislative developments to adhere to the ordering principles, this is what is known as constitutionalization of Law.
Administrative Law and Contentious Administrative Law are not alien to this process of constitutionalization, in which they intervene in an important way, since they regulate the actions of the administration and the way in which judicial processes are carried out with a view to controlling said actions.
In Colombia, the process of constitutionalization of administrative law began with the issuance of Law 1437 of 2011, Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation, after a judicious process of analysis of the normative needs in which the government, the academy and members of the jurisdiction itself.
This report aims to compile the main elements in relation to the progress of the aforementioned constitutionalization process, especially to evaluate what was contributed with the issuance of Law 2080 of 2021, which arises in the midst of the health emergency due to Covid 19, although its procedure had already been completed. initiated previously, given the changing circumstances, it was also necessary to make adjustments so that the Administrative Law and Administrative Litigation would be more
close to the inhabitants, in the middle of the situation.
In addition to what was learned during the completion of the Diploma, deepening was carried out mainly in what has to do with the concept of constitutionalization and its antecedents, since the analysis of the norm, being of a recent nature, is based mainly on the study personnel made to the modifications brought by the Law.
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spa
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Arias. I.(2022). Ley 2080 de 2021 y la constitucionalización del derecho administrativo en Colombia. Trabajo de posgrado. Universidad Santo Tomás Tunja
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