Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018
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2019-11-16
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
El modelo de Estado Social de Derecho se adopta bajo el marco de la Constitución de 1991 y es asumido como una concepción jurídica que busca la garantía de los derechos, privilegiando aquellos relacionados con la protección a la vida y los bienes de los ciudadanos. Es por esto que surge la necesidad de garantizar el derecho a la seguridad, término que ha variado con el correr de los tiempos y el desarrollo de las sociedades humanas, especialmente, como consecuencia del conflicto armado.
En este orden de ideas, el Estado, al tener como eje principal la protección de la vida propende por un orden público democrático que, elimine todo tipo de amenazas a la población y garantice la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Es así que el Estado colombiano frente a los retos que implica el cambio en las formas de violencia y de los actores que las llevan a cabo, y teniendo en cuenta la dicotomía existente entre conflicto armado interno y la urgencia de desarrollar una política pública de seguridad ciudadana con enfoques en seguridad en orden público, se ha dotado de herramientas para cumplir, total o parcialmente, con su función de buscar mecanismos de protección ante la violencia social en procura de garantizar el goce de los derechos de los ciudadanos.
Ahora bien, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos se acogió y adaptó la concepción de seguridad ciudadana; que constituye una de las dimensiones de seguridad humana que, en términos de Charles-Phillipe David (2008), se define de la siguiente manera:
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derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018.
Bertha Lucía Moreno Martínez
La seguridad humana se distingue esencialmente [de la seguridad estatal o clásica] por el hecho de que tiene por objeto la protección del individuo y no la protección del Estado, y por el hecho de que las amenazas provienen al mismo tiempo del exterior y del interior de los Estados (p. 62)
Por otra parte, el concepto de seguridad ciudadana se orienta a preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que pudieran afectarla, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, es preciso señalar entonces que, la seguridad ciudadana no solo constituye la lucha contra el crimen, sino que además propende por la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, es decir, procura la consolidación de procesos que mejoren las relaciones entre la comunidad y las instituciones encargadas oficialmente de brindar seguridad.
De tal forma, dada la amplitud y complejidad de un tema como la seguridad ciudadana, se requiere para su regulación del diseño e implementación de políticas públicas, concepto que para fines de este documento, se adoptó del autor Roth (2017) quien las concibe como: (…) un conjunto de medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática‖. ( p.27) El anterior concepto permite esclarecer el fenómeno de la política pública, tal y como lo señala el autor, haciendo referencia a toda acción que desarrolle el Estado para alcanzar los fines u objetivos ante situaciones consideradas como problemáticas o insatisfactorias, a fin de armonizar y/o afrontar falencias. Esto indica que el Estado, una vez vislumbrada la necesidad de proteger al individuo y el libre ejercicio de sus derechos y libertades, a partir de la garantía de la
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seguridad de los ciudadanos, acoge las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana como mecanismo para el cumplimiento de su fin. No obstante, la seguridad ciudadana, entendida bajo la perspectiva de Carranza (1995), involucra un concepto verdaderamente amplio y completo, que: Concibe la seguridad de los habitantes, no solamente como la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, de vivir en un Estado constitucional de derecho y de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, y todos los ámbitos del carácter social (p. 21).
En términos generales, el Estado ha enfrentado retos a través de la implementación de normatividad e imposición de la fuerza pública, e instituciones encargadas de la seguridad a través de la delegación de funciones, aspecto que se contempló desde la Constitución de 1991 en el artículo 314, que facultó a los alcaldes llevar a cabo el ejercicio de la seguridad, por ser considerados como la primera autoridad de policía. Posteriormente, con la Ley No 62, 1993 se determinó que, tanto alcaldes como gobernadores, junto con la Policía Nacional, deberían diseñar y desarrollar planes integrales de seguridad para las entidades territoriales, conocidos estos como Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC), que resultan de un proceso interinstitucional para el fortalecimiento de la garantía de la seguridad ciudadana. En tiempos más recientes, con la Ley No 1801, 2016 que establece el Código Nacional de Policía, se reglamenta en su artículo 5, capítulo II la convivencia, entendida como ―la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico‖.
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Sin embargo, a pesar de que el Estado colombiano, es un Estado Social de Derecho, que goza de amplia normatividad e institucionalidad, aún se evidencia y de manera cotidiana en los medios de comunicación masiva, una alteración en el goce de los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad ciudadana, contrarrestando o menoscabando lo estipulado tanto en la ley, como en las políticas públicas que han sido diseñadas para tal fin.
Lo anteriormente expuesto lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Cómo en su calidad de políticas públicas, los planes de desarrollo del período 2012-2018, han incidido y contribuido a garantizar el derecho a la seguridad ciudadana?
El fundamento de la problemática radica en la necesidad que el Estado busque mecanismos para el cumplimiento de los fines que democráticamente le fueron impuestos, pues el fortalecimiento del orden social, no solo se consolida con la eliminación de factores que puedan desequilibrar a la comunidad, sino con los mecanismos que se impartan para tratarla.
Sin embargo, como una posible respuesta a la pregunta planteada se observa que, si bien es cierto, las políticas públicas generan un impacto directo en el bienestar de la sociedad, con el transcurrir de los años y con los índices que se reflejan en los medios de comunicación no se evidencian avances significativos en materia de seguridad ciudadana, respecto a las políticas públicas implementadas para el manejo de la seguridad ciudadana, persistiendo falencias en el sistema.
Por tanto, no se ven reflejados en la población, avances significativos en el tema de seguridad ciudadana, en relación al ámbito social, es decir, en el libre goce de los derechos y libertades, por ello, los planes de desarrollo como política pública que regulan el ámbito de la
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seguridad se han limitado y no han incidido de manera tal, que den una respuesta positiva frente a la seguridad ciudadana.
Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta planteada, se tiene como objetivo general i. Estudiar las políticas públicas entre los periodos 2002 a 2018, en materia de seguridad ciudadana, e identificar las líneas de acción y su continuidad en el tiempo. Así mismo, se contemplan como objetivos específicos ii. Conceptualizar las políticas públicas e identificar sus fases y contextualizar la seguridad ciudadana, y también iii. Identificar las herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de las políticas, respecto a la seguridad ciudadana. Una vez analizado lo anterior, se tendrá un diagnóstico para esclarecer qué aporte o influencia han tenido los planes de desarrollo, como políticas públicas, en la garantía de los derechos de los ciudadanos, en materia de seguridad ciudadana. De modo tal, que una vez esté recopilada la totalidad de la información y el contenido, respecto al tema objeto de análisis, se podrá dar respuesta a la pregunta formulada.
De manera que, para la construcción de una respuesta sólida a la pregunta planteada en este documento, fue necesario concebirla haciendo uso del método cualitativo, dado que se aborda un fenómeno con sus principales problemáticas, y cuyo propósito es la descripción del objeto que se estudia distinguiendo sus características. Igualmente se acudió al método histórico lógico que permite ver el progreso, desarrollo y evolución de las instituciones y normas jurídicas precisando transformaciones de un fenómeno socio jurídico. Por último, la respuesta se halla con apoyo de la dimensión jurídica, teniendo en cuenta que corresponde a la línea del derecho que como conjunto de preceptos conforman un sistema estructurado, con coherencia, y cuya finalidad
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radica en encausar y organizar las relaciones sociales con técnicas de control y mediación, regulando y coordinando la coexistencia de la continuidad de la sociedad.
Para concluir, gracias al empleo de las metodologías anteriormente señaladas, se puede establecer cuál es el aporte de las políticas públicas, desde su formulación e implementación a una política en materia de seguridad ciudadana, y cómo se ha podido garantizar.
Abstract
The model of the Social State of Law is adopted under the framework of the 1991 Constitution and is assumed as a legal concept that seeks the guarantee of rights, privileging those related to the protection of life and property of citizens. That is why the need arises to guarantee the right to security, a term that has varied over time and the development of human societies, especially as a result of the armed conflict.
In this order of ideas, the State, having as its main axis the protection of life, tends for a democratic public order that eliminates all kinds of threats to the population and guarantees the protection of the rights and freedoms of citizens.
In this way, the Colombian State faces the challenges implied by the change in the forms of violence and the actors that carry them out, and taking into account the existing dichotomy between internal armed conflict and the urgency of developing a public security policy citizen with security approaches in public order, has provided tools to fully or partially comply with its function of seeking mechanisms of protection against social violence in order to guarantee the enjoyment of the rights of citizens.
However, in order to enforce the fulfillment of the rights of citizens, the conception of citizen security was accepted and adapted; which constitutes one of the dimensions of human security that, in terms of Charles-Phillipe David (2008), is defined as follows:
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Human security is distinguished essentially [from state or classical security] by the fact that it is aimed at the protection of the individual and not the protection of the State, and by the fact that the threats come simultaneously from outside and inside of the States (p. 62)
On the other hand, the concept of citizen security is aimed at preserving the individual and collective tranquility of society against dangers that could affect it, guaranteeing the exercise of the rights and freedoms of citizens, it is necessary to point out that, citizen security not only It constitutes the fight against crime, but also promotes the creation of a favorable and adequate environment for the peaceful coexistence of people, that is, it seeks to consolidate processes that improve relations between the community and the institutions officially responsible for providing security.
Thus, given the breadth and complexity of an issue such as citizen security, it is required for its regulation of the design and implementation of public policies, a concept that was adopted by the author Roth (2017) for the purposes of this document, who conceives them as : (...) a set of means and actions that are treated, at least partially, by a government institution or organization in order to guide the behavior of individual or collective actors to modify a situation perceived as unsatisfactory or problematic problem. (p.27) The previous concept allows to clarify the phenomenon of public policy, as indicated by the author, referring to any action that the State develops to achieve the ends or objectives in situations considered as problematic or unsatisfactory, in order to harmonize and / or face shortcomings. This indicates that the State, once envisioned the need to protect the individual and the free exercise of their rights and freedoms, from the guarantee of the
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citizen security, welcomes public policies on citizen security as a mechanism for the fulfillment of its purpose. However, citizen security, understood from the perspective of Carranza (1995), involves a truly broad and complete concept, which: conceives the safety of the inhabitants, not only as the peace of mind of not being a victim of criminal acts but, also, to live in a constitutional state of law and to participate in the benefits of development in health, education, housing, and all areas of social character (p. 21).
In general terms, the State has faced challenges through the implementation of regulations and enforcement of the public force, and institutions responsible for security through the delegation of functions, an aspect that was contemplated since the 1991 Constitution in article 314 , which empowered the mayors to carry out the exercise of security, for being considered the first police authority. Subsequently, with Law No. 62, 1993, it was determined that both mayors and governors, together with the National Police, should design and develop comprehensive security plans for territorial entities, known as Integral Plans for Coexistence and Citizen Security (PISCC) , which result from an inter-institutional process to strengthen the guarantee of citizen security. In more recent times, with Law No. 1801, 2016 that establishes the National Police Code, coexistence is regulated in article 5, chapter II, understood as ―the peaceful, respectful and harmonious interaction between people, with property and with the environment, within the framework of the legal system‖.
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However, despite the fact that the Colombian State is a Social State of Law, which enjoys broad regulations and institutions, it is still evident and on a daily basis in the mass media, an alteration in the enjoyment of the rights of the citizens in matters of citizen security, counteracting or undermining what is stipulated both in the law and in the public policies that have been designed for this purpose.
The foregoing leads us to ask the following question: How, in your quality as public policies, have the development plans for the 2012-2018 period influenced and contributed to guaranteeing the right to citizen security?
The basis of the problem lies in the need for the State to seek mechanisms for the fulfillment of the ends that were democratically imposed, since the strengthening of the social order is not only consolidated with the elimination of factors that can unbalance the community, but with the mechanisms taught to treat it.
However, as a possible answer to the question posed, it is observed that, although it is true, public policies generate a direct impact on the well-being of society, with the passing of the years and with the indexes that are reflected in the media of communication there are no significant advances in citizen security, regarding the public policies implemented for the management of citizen security, persisting flaws in the system.
Therefore, significant advances in the issue of citizen security are not reflected in the population, in relation to the social field, that is, in the free enjoyment of rights and freedoms, therefore, development plans as a public policy that regulate the scope of the
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security have been limited and have not affected in such a way that they give a positive response to citizen security.
However, in order to answer the question posed, it has as a general objective i. Study public policies between 2002 and 2018, in terms of citizen security, and identify the lines of action and their continuity over time. Likewise, they are contemplated as specific objectives ii. Conceptualize public policies and identify their phases and contextualize citizen security, and also iii. Identify the tools to carry out the compliance of the policies, regarding citizen security. Once analyzed the above, there will be a diagnosis to clarify what contribution or influence the development plans have had, such as public policies, in guaranteeing the rights of citizens, in terms of citizen security. Thus, once all the information and content have been compiled, regarding the subject under analysis, the question asked can be answered.
So, for the construction of a solid answer to the question posed in this document, it was necessary to conceive it using the qualitative method, given that a phenomenon with its main problems is addressed, and whose purpose is the description of the object being studied distinguishing its characteristics. Likewise, the logical historical method that allows to see the progress, development and evolution of the institutions and legal norms was required, requiring transformations of a socio-legal phenomenon. Finally, the answer is supported by the legal dimension, taking into account that it corresponds to the line of law that, as a set of precepts, forms a structured system, with coherence, and whose purpose
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It lies in prosecuting and organizing social relations with control and mediation techniques, regulating and coordinating the coexistence of the continuity of society.
To conclude, thanks to the use of the aforementioned methodologies, it is possible to establish what the contribution of public policies is, from its formulation and implementation to a citizen security policy, and how it has been guaranteed.
Language
spa
Keywords
Citation
Moreno Martinez, B. L. (2019). Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás
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