Derecho a la educación: la necesidad de un cambio para la ruralidad
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2021-03-09
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
Históricamente existe una brecha social educativa entre el sector rural y el urbano. Los esfuerzos gubernamentales se han centrado en la zona urbana y con ello, se han desmejorado las condiciones educativas para la ruralidad, siendo este sector en donde se acentúan problemas como el analfabetismo, la pobreza, poco desarrollo social y personal, poca inversión social, corrupción, violencia, entre muchos otros. La educación desde la Constitución Política de 1991 es entendida como un derecho y un servicio público (art. 67 C.P.) la cual tiene una función social y su importancia radica en su papel transformador para la persona, sociedad y el sector; es considerada el arma para combatir las desigualdades, la pobreza, violencia, brindar las herramientas, capacidades, conocimientos para poder vivir en sociedad y contribuir a los cambios positivos y significativos que se necesitan para lo rural y en general para toda la población. Por ello, urge realizar cambios en favor del sector rural, por medio de la adopción de nuevas políticas públicas pensadas para estos, bajo un nuevo modelo educativo inclusivo, diferenciado, el cual responda a las necesidades personales y sectoriales de la ruralidad, buscando con ello, brindarles la educación que tanto necesitan y con ello, contribuir a cerrar la brecha social educativa y combatir los demás problemas que aquejan a la ruralidad. Adicionalmente, se deben mejorar las condiciones del personal docente, brindando acompañamiento en su labor, así como garantizar los recursos educativos para poder realizar su labor, recuérdese que para el Ministerio de Educación Nacional (2016) “El rol y la cualificación del docente en el proceso educativo del estudiante juegan un papel preponderante teniendo en cuenta que su nivel de formación incide de manera positiva en la calidad de la educación.”. Las políticas públicas son entendidas como acciones que se toman en procura de solucionar un determinado problema que aqueja a la sociedad y/o a una parte de ella, el cual previamente ha sido definido. Para el cumplimiento de estas políticas públicas educativas rurales, es indispensable contar con presupuesto suficiente y continuo, evitando con ello, la paralización de estos planes, por ende, es fundamental realizar una reforma constitucional con el propósito de establecer una asignación progresiva de los recursos educativos y con ello, garantizar la educación inclusiva y diferenciada para la ruralidad.
Abstract
Historically, there exists an educational and social gap between the rural and urban sectors. Governmental efforts have focused on urban areas. Rural inequalities have arisen, and the conditions for educations have deteriorated. Problems such as illiteracy, poverty, poor social and personal development, low social investment, corruption, violence, among many others, are accentuated.
Education has existed as a right and public service in the Constitution of Colombia of 1991, Article 67. That right has a social function, and its importance lies in its transforming role for the individual, society, and the sector; it is considered the weapon to combat inequalities, poverty, violence, provide the tools, skills, and knowledge to live in society and contribute to the positive and significant changes that are needed for rural areas and in general for the entire population.
Therefore, it is urgent to make changes in favor of the rural sector, through the adoption of new public policies designed for them, under a new inclusive, differentiated educational model, which response to the personal and sectoral needs of rural areas, thereby seeking to provide them with the education they need so much and thus contribute to closing the social gap in education and combat the other problems that afflict rural areas.
The conditions of the teaching staff must be improved, accompanying their work, and guaranteeing the educational resources to perform their work, remembering that for the Ministry of National Education (2016) “The role and qualification of the teacher in the educational process of the student play a preponderant role considering that their level of training has a positive impact on the quality of education”.
Thus, it should be noted that they understand these public policies as actions taken to solve a certain problem that afflicts society and/or a part of it, defined then. To comply with these rural education public policies, it is essential to have a sufficient and continuous budget, thus avoiding the paralysis of these plans. Therefore, it is essential to carry out a constitutional reform to establish a progressive allocation of educational resources and thus guarantee inclusive and differentiated education for rural areas.
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spa
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Citación
Hernández Barrios, L. (2021). Derecho a la educación: la necesidad de un cambio para la ruralidad. [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomás Colombia]. Repositorio institucional Universidad Santo Tomás
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