Control fiscal y educación en los planes de desarrollo con enfoque territorial: Estado y marco analítico

El artículo 4º del Acto legislativo 04 de 2019 (Congreso de la República, 2019) dio a la Auditoría General de la República el mandato constitucional de realizar la certificación anual de las contralorías territoriales por medio de indicadores de gestión. Posteriormente, el Gobierno colombiano estableció que dicha certificación tiene el propósito de medir y calificar [evaluar] las capacidades de las contralorías territoriales para cumplir con sus funciones (Gobierno de Colombia, 2020). De igual manera, asumiendo el control fiscal dentro la perspectiva de los Derechos Humanos (Moya V., 2019), es necesario establecer mecanismos de medición que permitan evaluar no solo la gestión de las contralorías, sino que también permitan evaluar la consecución de los fines del Estado. Esto implica una perspectiva de evaluación de la gestión de las contralorías territoriales dentro del contexto más amplio de la planeación e implementación de las políticas públicas ejecutadas por los sujetos que estas vigilan. El resultado e impacto del control fiscal no se limita a la generación de productos propios del control fiscal, sino que se extiende y justifica por el impacto que dicho control tiene sobre los resultados y el impacto que el gasto fiscal y la gestión de los servidores públicos tiene sobre la vida de los ciudadanos y las comunidades que estos habitan. En particular, sobre el goce efectivo de derechos por parte de la población en los territorios. Esta es la aplicación de la perspectiva de derechos humanos a la evaluación del control fiscal territorial.

Abstract

Article 4 of Legislative Act 04 of 2019 (Congreso de la República, 2019) gave the General Audit of the Republic the constitutional mandate to carry out the annual certification of territorial comptrollers through management indicators. Subsequently, the Colombian government established that said certification has the purpose of measuring and qualifying [evaluating] the capacities of the territorial comptrollers to fulfill their functions (Gobierno de Colombia, 2020). In the same way, assuming fiscal control within the perspective of human rights (Moya v., 2019), it is necessary to establish measurement mechanisms that allow evaluating not only the management of the comptrollers, but also allow evaluating the achievement of the purposes of the state. This implies a perspective of evaluation of the management of the territorial comptrollers within the broader context of the planning and implementation of public policies executed by the subjects that they monitor. The result and impact of fiscal control is not limited to the generation of products typical of fiscal control, but is extended and justified by the impact that said control has on the results and the impact that fiscal spending and the management of public servants has on the lives of citizens and the communities they inhabit. in particular, on the effective enjoyment of rights by the population in the territories. This is the application of the human rights perspective to the evaluation of territorial fiscal control

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