Responsabilidad Fiscal y Daño Antijuridico Derivado de la Suspensión de Proyectos de Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables
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Este documento de investigación, tiene como propósito, analizar los lineamientos establecidos por parte del Gobierno colombiano, para la implementación de la política de Transición Energética, develando la responsabilidad del Estado, en la situación fiscal y la estabilidad macroeconómica del país derivada de las estrategias institucionales adoptadas, así como la consecuente obligación de indemnizar a particulares, si se comprueba la existencia de un daño antijurídico subsecuente de la suspensión de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y minero-energéticos, bien sea por propiciar escenarios de afectación a la seguridad jurídica, de desequilibrio en la relación contractual o la defraudación de estados de confianza y expectativas legítimas.
La Responsabilidad Fiscal señalada, se configura con base en el principio de la sostenibilidad fiscal (Congreso de Colombia, 2011), por el cual se establece que, la actuación del Estado, las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental deben estar dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal, por tanto, si derivada de la implementación de una política pública, se evidencia un incidente de impacto fiscal, traducido en déficit fiscal e inestabilidad macroeconómica, el Estado infringe, con ocasión a su gestión fiscal, este marco, como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.
Por otra parte, La Responsabilidad Patrimonial del Estado, se configura al comprobarse Daños Antijurídicos derivados de la suspensión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, traducidos en un perjuicio causado a personas naturales o jurídicas, particulares contratistas, inversionistas, concesionarios, etc., el cual debe ser indemnizado, y dicho explícitamente por la Corte Constitucional, "la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos" (Corte Constitucional de Colombia, 2001)
Se establecerá entonces, una exposición de elementos de juicio respaldados por la ciencia del derecho y la hermenéutica jurídica, que permitirán dilucidar los conflictos y las tensiones presentes entre el ejercicio legítimo del poder estatal, y los intereses de las personas naturales y jurídicas que resulten afectados por la potestad regulatoria y reglamentaria del Estado.
Así mismo, se realizará el análisis del impacto de la implementación de la política de Transición energética en las variables macroeconómicas, el déficit fiscal, las presiones al alza sobre la tasa de cambio, la prima de riesgo y las tasas de interés, con efectos negativos sobre el crecimiento económico; se realizará el estudio datos históricos (2000-2024) de ingresos fiscales provenientes del sector hidrocarburos, (Dividendos e impuestos de renta pagados por las empresas que constituyen el Grupo Ecopetrol, Regalías correspondientes a la producción de crudo, Impuesto global a la Gasolina y ACPM, Iva Gasolina y ACPM, Sobretasa ACPM, Rete fuente, Derechos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Derecho económico por precios altos; Derecho económico por participación en la producción; Aporte de contratistas sobre derecho económico por uso del subsuelo; Ingresos por otorgamiento de derechos de exploración) que, en su conjunto, permitirán, de forma integral, evaluar el impacto económico y fiscal, derivado del accionar del Estado, al implementar la política de transición energética y las decisiones de suspender y prohibir nuevos proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, generando una situación de riesgo para la seguridad energética y la estabilidad macroeconómica del país.
Abstract
This research document aims to analyze the guidelines established by the Colombian Government for the implementation of the Energy Transition policy, revealing the State’s responsibility regarding the country’s fiscal situation and macroeconomic stability derived from the institutional strategies adopted, as well as the consequent obligation to compensate private parties if the existence of unlawful damage resulting from the suspension of hydrocarbon and mining-energy exploration and exploitation projects is proven. Such damage may arise from scenarios that affect legal certainty, create contractual imbalance, or undermine states of trust and legitimate expectations.
The aforementioned Fiscal Responsibility is configured based on the principle of fiscal sustainability (Congress of Colombia, 2011), according to which the actions of the State, as well as the strategies and general orientations of economic, social, and environmental policy, must operate within a framework that guarantees fiscal sustainability. Therefore, if, as a consequence of the implementation of a public policy, a fiscal impact incident is evidenced—translated into a fiscal deficit and macroeconomic instability—the State infringes this framework through its fiscal management, which serves as an instrument for progressively achieving the objectives of the Social State governed by the rule of law.
On the other hand, the State’s Patrimonial Liability arises when unlawful damages resulting from the suspension of projects for the exploration and exploitation of non-renewable natural resources are verified. These damages translate into harm caused to natural or legal persons—such as private contractors, investors, concessionaires, among others—which must be compensated. As explicitly stated by the Constitutional Court, “the patrimonial liability of the State in our legal system is grounded in the principle of the comprehensive guarantee of citizens’ patrimony” (Constitutional Court of Colombia, 2001).
Accordingly, this research will present a set of reasoned arguments supported by legal science and legal hermeneutics that will help clarify the conflicts and tensions between the legitimate exercise of state power and the interests of natural and legal persons affected by the State’s regulatory and rule-making authority.
Likewise, the study will analyze the impact of implementing the Energy Transition policy on macroeconomic variables, the fiscal deficit, upward pressures on the exchange rate, the risk premium, and interest rates, all of which may have negative effects on economic growth. It will also examine historical data (2000–2024) on fiscal revenues derived from the hydrocarbon sector, including: dividends and income taxes paid by companies that make up the Ecopetrol Group; royalties corresponding to crude oil production; the global tax on gasoline and diesel (ACPM); VAT on gasoline and diesel; the diesel surcharge; withholding tax; and fees collected by the National Hydrocarbons Agency (economic rights due to high prices; economic rights for participation in production; contractor contributions for economic rights related to the use of the subsoil; and revenues from the granting of exploration rights).
Taken together, these elements will allow for a comprehensive evaluation of the economic and fiscal impact derived from the State’s actions in implementing the Energy Transition policy and the decisions to suspend and prohibit new exploration and exploitation projects for non-renewable natural resources, thereby generating a risk scenario for the country’s energy security and macroeconomic stability.
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spa
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Villarreal Cobos, G. (2026). Responsabilidad Fiscal y Daño Antijuridico Derivado de la Suspensión de Proyectos de Exploración y Explotación de Recursos Naturales No Renovables [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomás].Repositorio Institucional
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