Análisis de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad en la inversión de recursos por parte de las cajas de compensación familiar.

dc.contributor.advisorPrieto Cely, Héctor Julio
dc.contributor.authorAlarcón González, María Alejandra
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomásspa
dc.coverage.campusCRAI-USTA Tunjaspa
dc.date.accessioned2021-07-30T13:45:56Z
dc.date.available2021-07-30T13:45:56Z
dc.date.issued2021-07-30
dc.descriptionLa seguridad social puede ser considerada como una de las manifestaciones más relevantes del Estado Social de Derecho, al ser una forma de inclusión social y de reivindicación de la dignidad humana. De antaño, a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a acuñarse el término y la doctrina del “estado de bienestar”, como un modelo estatal y de organización social en el que el Estado es el encargado de proveer servicios y cierto grado de confort a sus ciudadanos, siendo esta una forma de dar cumplimiento o materialización a los derechos sociales que les son propios a las personas. Este modelo estatal ha permeado notoriamente el Estado Social de Derecho adoptado en Colombia mediante la Constitución Política de 1991, a tal punto que puede considerarse como un verdadero deber del Estado, la provisión de las condiciones mínimas y necesarias para el bienestar y la vida digna de la población, encaminado a lograr la existencia de los supuestos requeridos para una convivencia social pacífica. En este sentido, como desarrollo de los postulados del mencionado modelo de Estado, el fortalecimiento de la democracia se ha venido realizando a través de varios mecanismos, entre los cuales encontramos la creación y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, toda vez que estos constituyen una herramienta para la superación de la desigualdad y la concreción de varios derechos y garantías constitucionales que conllevan en mayor o menor medida a la consecución del bienestar general. En Colombia han sido progresivamente implementados los sistemas de seguridad social en los programas de salud, pensiones, riesgos profesionales y subsidio familiar, los cuales, además, buscan materializar la igualdad social a través de la creación de regímenes subsidiados, de la implementación de programas como el SISBÉN y de la categorización de estos sistemas según los ingresos de los afiliados y beneficiarios. Este proceso hacia la materialización del derecho a la seguridad social, ha sido ejecutado por el Estado de diversas maneras, en busca de una mayor cobertura y efectividad. El Estado ha optado por el desarrollo de los diferentes programas básicamente de tres formas: a través de instituciones y entidades propias, creando “alianzas” con el sector privado o delegando completamente estas actividades a los particulares. Ahora bien, independientemente de la forma en que funcione el sistema de seguridad social, desde el punto de vista económico, la existencia de estos esquemas genera dos consecuencias adversas: por una parte, representan un gasto o sufrago en el que deben incurrir los empleadores o los trabajadores independientes, y de otro lado, constituyen la causa para que los trabajadores y sus familias cuenten con un mínimo grado de bienestar y protección social, existiendo cierta cobertura transitoria incluso para las personas que se encuentren en situación de desempleo. Específicamente en lo que respecta al Sistema del Subsidio Familiar, como uno de los componentes de la Seguridad Social en Colombia, encontramos que ha sido creado como un medio para compensar los gastos en que incurren los trabajadores para el sostenimiento familiar y personal, especialmente considerando los bajos ingresos de sectores determinados y categorizados de esta población.spa
dc.description.abstractSocial security can be considered as one of the most relevant manifestations of the Social Rule of Law, as it is a form of social inclusion and a claim to human dignity. In the old days, from the postwar period of the Second World War, the term and the doctrine of the "welfare state" began to be coined, as a state model and social organization in which the State is in charge of providing services and certain degree of comfort to its citizens, this being a way of fulfilling or materializing social rights that are proper to people. This state model has notoriously permeated the Social State of Law adopted in Colombia through the Political Constitution of 1991, to such an extent that it can be considered as a true duty of the State, the provision of the minimum and necessary conditions for well-being and a life worthy of the population, aimed at achieving the existence of the assumptions required for a peaceful social coexistence. In this sense, as a development of the postulates of the aforementioned State model, the strengthening of democracy has been carried out through various mechanisms, among which we find the creation and strengthening of social security systems, since these constitute a tool for overcoming inequality and the realization of various constitutional rights and guarantees that lead to a greater or lesser extent to the achievement of the general welfare. In Colombia, social security systems have been progressively implemented in health, pensions, occupational risks and family subsidy programs, which, in addition, seek to materialize social equality through the creation of subsidized regimes, the implementation of programs such as SISBÉN and the categorization of these systems according to the income of the affiliates and beneficiaries. This process towards the realization of the right to social security has been carried out by the State in various ways, in search of greater coverage and effectiveness. The State has opted for the development of the different programs basically in three ways: through its own institutions and entities, creating "alliances" with the private sector or delegating completely these activities to individuals. Now, regardless of the way in which the social security system works, from the economic point of view, the existence of these schemes generates two adverse consequences: on the one hand, they represent an expense or suffrage that must be incurred by employers or independent workers, and on the other hand, constitute the cause for workers and their families have a minimum degree of welfare and social protection, with some temporary coverage even for people who are unemployed. Specifically with regard to the Family Subsidy System, as one of the components of Social Security in Colombia, we find that it has been created as a means to offset the expenses incurred by workers for family and personal support, especially considering the low income of determined and categorized sectors of this population.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagister en Derecho Privadospa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationMaría, A. (2021).Análisis de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad en la inversión de recursos por parte de las cajas de compensación familiar.. trabajo de posgrado. Universidad santo tomas. Tunja.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/35168
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.facultyFacultad de Derechospa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Mecánicaspa
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dc.rightsCC0 1.0 Universal*
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dc.typemaster thesis
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