La dificultad de condenar en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
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La imposición de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo presenta varios problemas en su aplicación, que van desde la conceptualización de la misma figura, la definición de los elementos que la integran, el uso de criterios para su imposición (objetivo y subjetivo), la remisión a diferentes cuerpos normativos, la cultura jurídica consistente en no condenar al Estado, la presencia de conceptos indeterminados como el interés público; circunstancias que, en suma, dificultan su aplicación práctica en el campo de lo judicial.
Para identificar la problemática asociada al tema desde la legislación, se partió del análisis de la normativa anterior a la Ley 1437 de 2011, hasta llegar a la reciente reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, se estudiaron diferentes pronunciamientos del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en referencia a la temática objeto de éste estudio y se acudió a la
doctrina para comprender el impacto de introducir el concepto de interés público como excepción general para que no haya lugar a la condena en costas, sobre todo porque este es uno de los conceptos que en el derecho se denominan indeterminados y por los desafíos que esta misma situación impone al aplicarse en un caso concreto.
Finalmente, se llegó a una conclusión asociada a la también dificultad de imponer costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es que tanto en la ley como la jurisprudencia se encaminan esfuerzos para no condenar al Estado dentro de los procesos judiciales, por lo que vino perfecto a este propósito, la inclusión del concepto de interés público previsto en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, concepto que al no estar determinado en ningún cuerpo normativo, da un amplio margen de interpretación al operador judicial para alcanzar este cometido. Lo anterior, constituye en una suerte de rezago moderno de la aplicación de la teoría de las prerrogativas públicas.
Abstract
The imposition of costs in the contentious-administrative jurisdiction presents several problems in its application, ranging from the conceptualization of the same figure, the definition of the elements that make it up, the use of criteria for its imposition (objective and subjective), the reference to different normative bodies, the legal culture consisting of not condemning the State,
the presence of indeterminate concepts such as public interest; circumstances that, overall, hinder its practical application in the judicial field.
To identify the problems associated with the issue from the legislation, we started from the analysis of the regulations prior to Law 1437 of 2011, until reaching the recent reform introduced by Law 2080 of 2021, different pronouncements of the High Court of the
Administrative Litigation in reference to the subject matter of this study and went to the doctrine to understand the impact of introducing the concept of public interest as an exception general so that there is no place for costs to be awarded, especially since this is one of the concepts that in the law are called indeterminate and because of the challenges that this same
situation imposes when applied in a specific case.
Finally, a conclusion was reached associated with the difficulty of imposing legal costs. in the contentious-administrative jurisdiction, and it is that both in the law and in the jurisprudence Efforts are directed not to condemn the State within the judicial processes, for which came perfect for this purpose, the inclusion of the concept of public interest provided for in article
188 of Law 1437 of 2011, a concept that, since it is not determined in any regulatory body, it gives a wide margin of interpretation to the judicial operator to achieve this task. It above, constitutes a sort of modern lag in the application of the theory of
public prerogatives.
Idioma
spa
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Bayona Espejo, C. A. (14 de enero de 2022). La dificultad de condenar en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 2022. Tunja, Boyacá.
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