Los Principios De Armonización Y Coordinación En el Aprovechamiento De los Recursos Naturales No Renovables En Colombia
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Al unísono, cuando la comunidad jurídica es cuestionada sobre Colombia, en cuanto Estado u organización política, inmediatamente la mente se ve permeada por las siguientes palabras, casi que de manera automática o por inercia:
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 1°).
En ese contexto, se da apertura a dos posibilidades —por lo menos— al suministrar la antedicha respuesta, a saber: (i) de una parte, el emisor es más bien un transmisor, que más que compartir una idea autónoma y un entendimiento integral de lo que la organización política de Colombia implica, se limita a reproducir el articulado constitucional como un grupo de palabras cuyo significado no resulta trascendente más allá de la definición o la semántica de cada una de esas categorías que integran el grupo; contrario sensu, (ii) existe también la posibilidad de que el emisor considere que la respuesta dada, no solo es una agrupación de palabras contenidas en una norma, sino el parámetro de análisis, estudio y proposición de soluciones para los problemas jurídicos que integran un sistema social, político, económico y legal tan complejo como el colombiano.
Para el particular, se adoptará la segunda acepción y se defenderá que la organización política de Colombia como Estado Social de Derecho —E.S.D., de ahora en más—, es el punto de apoyo por medio del cual se puede propender por mover el mundo (Arquímedes de Siracusa, Siglo III A.C)1, por lo menos, en lo que respecta al orden jurídico colombiano, habida cuenta que a partir de los elementos integradores del E.S.D., y las implicaciones que dicha organización política tiene para la sociedad, así como para las propias instituciones que conforman el Estado, se puede proponer la descripción de serias problemáticas que afectan, precisamente, la materialización de Colombia como un E.S.D., en todo el sentido de la palabra.
A la luz del preámbulo presentado, habrá que afirmar que el presente esfuerzo investigativo se centrará, precisamente, en una de esas problemáticas jurídicas que no se corresponden con la organización política prevista por el constituyente del año 1991, e irrefragablemente, por este motivo, es menester efectuar su análisis; se trata de la ‘Colombia Extractiva’, o en otros términos, se trata del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables por parte del Estado colombiano en lo relacionado con el ejercicio de la actividad minera, misma que como se verá a lo largo del presente escrito, genera parte de los ingresos que soportan o alimentan las arcas estatales, pero paradójicamente, también suscita serios debates en torno a la conservación del medio ambiente, así como la deficiente materialización, armonización y en suma, articulación institucional entre los diferentes agentes del Estado, frente a las actividades de aprovechamiento de los mentados recursos y la promoción, en simultaneo, del desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.
En consonancia con lo anterior y en aras de realizar una delimitación conceptual de lo que se pretende analizar en este estudio, específicamente, se ha propuesto revisar si concurre una aplicación efectiva de los principios de armonización y coordinación en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables por parte del Estado colombiano derivados de la actividad minera y como su aplicación o la omisión de esta —de los mencionados principios—, produce efectos en el cumplimiento de la carga prestacional que le corresponde a este —al Estado— frente a la procura de derechos colectivos como el medio ambiente sano y la prevalencia de la confianza legítima y la buena fe en las actuaciones a su cargo y respecto de todos los agentes involucrados en las mentadas actividades extractivas.
Actualmente, gran parte de la estabilidad económica en Colombia depende de manera directa del aprovechamiento de recursos no renovables presentes en el subsuelo del país, mismos que mayoritariamente —si es que no totalmente—, se adquieren por medio de la actividad minera, pues como se verá más adelante, son estas actividades extractivas y la posterior comercialización de los mencionados recursos, lo que constituye una fuente considerable de ingreso para el Estado; sin embargo, esto no es óbice para advertir la existencia de escenarios de choque, e inseguridad jurídica que se presentan día a día en la manifestación expresa que a través de actos administrativos son publicitadas por las diferentes autoridades que rigen la materia, frente a, por ejemplo, el procedimiento para la autorización de exploración y/o explotación de recursos no renovables en el país.
La mayor preocupación a lo largo del país, es que se presentan diferentes confrontaciones y descoordinaciones entre instituciones estatales, respecto de la forma como se deben ejercer las actividades extractivas, lo que deriva en la expedición de resoluciones, conceptos, fallos y actuaciones de carácter administrativo en vías totalmente diferentes, situación que genera inseguridad jurídica para quienes en búsqueda de la formalización y atendiendo a la responsabilidad legal, buscan protección en sus instituciones para desarrollar la actividad del aprovechamiento de los recursos del subsuelo de manera legal y atendiendo a los requerimientos del Estado.
Lo anterior, conduce inexorablemente a pensar, o por lo menos, dudar, sobre la aplicación de los principios de coordinación y armonización por parte de las instituciones estatales competentes en materia ambiental al momento de efectuar su proceder administrativo, en el entendido, que frente a la coexistencia de derechos, las instituciones deben velar por proteger las garantías cuya promoción y eficiencia les corresponden como obligación frente a sus administrados; es decir, la toma y materialización de decisiones en el ejercicio público, deben encaminarse a la aplicación adecuada de la ley velando por el bienestar del todo social (A. Cárdenas y C. Cárdenas, 2002) y sin trasladar los conflictos institucionales a los ciudadanos, como los que se describirán transversalmente en este ejercicio investigativo.
Ahora bien, cabe resaltar la visible desarticulación institucional frente al control, déficit de información, ordenamiento minero-ambiental y actuación, lo que conlleva a todo
un sector de la economía del país —el de las actividades extractivas— a coexistir en un limbo de indeterminación jurídica y de incertidumbre frente a las garantías del Estado y el ejercicio empresarial de los particulares.
Lo anterior, conlleva entonces, a colegir que en Colombia hoy existen serios indicadores de existencia de una grave crisis de coordinación y armonización entre las diferentes entidades públicas intervinientes en el desarrollo de actividades que enmarcan la exploración y /o explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo Colombiano; sin lugar a dudas, actualmente es imperiosa la necesidad de armonizar, coordinar y unificar el proceder administrativo, en procura de los derechos de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente.
Ante éste panorama, el presente trabajo se constituye como un ambicioso intento hacia una aproximación conceptual de los principios de armonización y coordinación, así como su estado actual de materialización o aplicación en el proceder administrativo de las autoridades ambientales, el mismo, a través de la aplicación de una metodología de carácter cualitativo, analítico-descriptiva, traducida entonces en la pretensión directa de permitir describir e identificar los elementos fundamentales de regulación del problema jurídico objeto de estudio, analizando los mismos, y de esa manera establecer un caso de sentencia hito, analizada a través de la metodología de análisis jurisprudencial del Doctor Diego Eduardo López Medina, la cual determina que para la construcción de líneas jurisprudenciales no necesariamente se debe tener en cuenta una o varias sentencias sino aquella que establezca una variación u origen de un balance jurisprudencial especifico como se establece en adelante.
Igualmente, también se propende por identificar e individualizar a las instituciones estatales involucradas o competentes para la gestión de las actividades extractivas, con miras a identificar su actual marco de funciones y con ello, las deficiencias institucionales que puedan existir en atención a dicho marco, así como la descripción de los parámetros constitucionales y legales a los que deberían sujetarse con miras a garantizar una actuación coordinada y armónica, pero en ejercicio de las funciones específicas que les atribuye la ley.
En mérito de lo expuesto, el presente producto de investigación, está compuesto de tres capítulos, a saber:
El primer capítulo, titulado “Aproximación conceptual hacia el marco jurídico del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en Colombia derivados de la actividad minera”, contiene un recorrido a través de los siguientes ejes temáticos o categorías conceptuales cuyo estudio previo a la descripción y desarrollo del problema de investigación es indispensable: (i) la noción de Constitución Ambiental, o los postulados constitucionales vigentes en materia ambiental, un análisis normativo, principialista y axiológico; (ii) la organización política de E.S.D en Colombia y su incidencia en la determinación de una política pública ambiental dirigida a la preservación del desarrollo sostenible y las prácticas extractivas responsables; (iii) evolución legislativa en Colombia en materia ambiental, con lo relativo al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables; y (iv) la incidencia económica en Colombia de la realización de actividades relacionadas con el aprovechamiento —extracción y comercialización— de recursos naturales no renovables derivados de la actividad minera.
Por otra parte, el capítulo segundo titulado “Marco institucional u orgánico en torno al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables de Colombia y principios constitutivos del adecuado proceder de la administración”, tendrá como objeto describir o estudiar, respectivamente, a (i) las autoridades públicas ambientales y su rol en las actividades económicas dirigidas al aprovechamiento de recursos naturales no renovables; y (ii) la naturaleza jurídica de los principios de coordinación y armonización en las actuaciones administrativas, complementados por el principio de legalidad, la confianza legítima y la buena fe, como parámetros del adecuado proceder de la administración.
Es menester precisar, que la aproximación conceptual de la que tratan los dos primeros capítulos implica un análisis específico de cada una de las categorías que serán objeto de estudio, pero con una estructura similar, iniciando por la descripción de su base y naturaleza jurídica, su alcance, su importancia en la práctica y eventualmente, los retos o desafíos que puede suponer su garantía y aplicación por parte del Estado.
Retomando la exposición sobre la estructura del escrito, corresponde señalar que el capítulo tercero, llamado “Desarticulación institucional e inseguridad jurídica en torno al proceder administrativo relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en Colombia derivados de la actividad minera”, constituye el desarrollo del problema de investigación propiamente dicho, puesto que con los conceptos analizados en los capítulos primero y segundo, ya es posible ocuparse sobre (i) los principales escenarios de deficiente manifestación, aplicación y/o materialización al interior del proceder administrativo, de los principios de coordinación y armonización en lo relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables; (ii) la descripción de algunas de las posibles causas de dicha desarticulación institucional y consecuente inaplicación de los principios de coordinación y armonización; y (iii) los efectos o consecuencias de la desarticulación institucional y la inseguridad jurídica frente al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en Colombia, acápite en el que inevitablemente habrá que dar un vistazo a la repercusión que la problemática puede tener en el goce efectivo de ciertos derechos colectivos.
Particularmente, en este capítulo tercero, el análisis propuesto se efectuará a partir de la revisión de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, al interior del radicado 25000234100020130245901, calendada del 4 de agosto de 2022, que confirmó sentencia que en primera instancia profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez constitucional, al resolver una acción popular que situó de presente sendas deficiencias en el funcionamiento estatal en torno al ejercicio de la actividad minera y aprovechamiento de recursos naturales no renovables en Colombia, en vista de que (i) hay una visible desarticulación institucional entre los órganos de control y fiscalización de la mencionada actividad; (ii) el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia, es insuficiente y desactualizado y (iii) que, precisamente, el ejercicio del control y la fiscalización de la actividad minera por parte del Estado, ha sido ineficiente.
Finalmente, de manera posterior al desarrollo de los capítulos descritos, se relacionaran unas breves conclusiones, que como se verá, constituirán un balance o síntesis del panorama actual del problema jurídico propuesto, sus causas, efectos y las deudas pendientes por parte del Estado, con miras a una aproximación gradual —pero pronta— de su solución.
Así como se puede apreciar, este ejercicio de indagación tiene un enfoque mayoritariamente descriptivo, sin perjuicio de que durante su desarrollo, se puedan consignar sendas consideraciones propositivas dirigidas a la superación gradual de la desarticulación institucional y la inseguridad jurídica actualmente existente, en lo que compete a la ‘Colombia Extractiva’, en los breves términos que fue descrita en líneas precedentes y conforme el desarrollo in extenso que le será dado transversalmente en el presente escrito.
De conformidad con Hernández, Fernández y Baptista (2014), con los estudios descriptivos en la investigación se:
(...) busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas (p.92).
Por lo expuesto, este trabajo únicamente persigue describir el panorama actual que institucional y jurídicamente, experimenta el ejercicio de la actividad minera para el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en Colombia, así como los posibles escenarios actuales de desarticulación institucional que deben ser superados en el futuro próximo.
A la fecha, múltiples han sido las disertaciones en torno al enfoque antropocéntrico2 de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual es innegable; sin embargo, no es menos cierto que ese mismo orden jurídico y los individuos de la sociedad, consideran igualmente importante la protección de los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente, pues, siendo medio indispensable para la promoción del ser humano, su protección debe ser prioritaria, pero también como fin en sí mismo, en su calidad de objeto de protección constitucional, circunstancias todas, que irrefragablemente merecen el detenimiento y concentración de la investigación jurídica, en las problemáticas relacionadas con el Derecho Ambiental y el ejercicio de los derechos colectivos.
De lo anterior, que las discusiones investigativas en torno a las actividades económicas que involucran la explotación del medio ambiente y la desarticulación institucional o descoordinado proceder administrativo, deban ocupar ahora la atención de la comunidad jurídica, pues en últimas, el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y las eventuales deficiencias existentes en su procedimiento, deben ser una voz de alerta, no solo por la importancia económica que tienen para el país, sino incluso, para la incidencia que pueden tener en el cabal ejercicio de los derechos de las personas.
Sin saberlo o preverlo, la investigación en temas ambientales es el primer mecanismo para sostener un nuevo dialogo sobre el modo en el cual es construido el destino o futuro del planeta, incluso, desde el análisis de las deficiencias institucionales en materia de aprovechamiento responsable del medio ambiente, en la medida que indiscutiblemente “(...) Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos” (Francisco I, 2015, p. 11). Dicho dialogo, solo es posible desde la mirada inquieta y minuciosa del investigador, alrededor de los problemas jurídicos que hoy rodean la realización de actividades económicas de aprovechamiento ambiental.
Por ello, es necesario ratificar la incógnita que dio nacimiento al presente escrito ¿concurre en Colombia una aplicación efectiva de los principios de coordinación y armonización en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables derivadas de la actividad minera, y qué efectos produce su eventual inaplicación sobre los derechos colectivos al ambiente sano y sobre la confianza legítima y la buena fé de los administrados?, de allí, la necesidad de establecer La justificación de este trabajo y enmarcarla como doble: por un lado, la importancia económica innegable de la actividad minera para el país; por otro, la relevancia de los
derechos colectivos ambientales, que la propia Constitución eleva a la categoría de fines esenciales del Estado, por lo tanto, el corazón propio de la investigación se justifica, además, en la inseguridad jurídica que genera la desarticulación institucional, y que concluirá en la solución propuesta por parte del suscrito en la toma de decisiones desde el administrador.
Abstract
By the same token, whenever the legal community is asked about Colombia as a State or political organization, the following words immediately come to mind, almost automatically or by sheer force of habit: Colombia is a social State governed by the rule of law, organized as a unitary, decentralized Republic, with autonomy granted to its territorial entities, democratic, participatory, and pluralistic in nature, founded upon respect for human dignity, work, and the solidarity of the individuals who comprise it, and upon the primacy of the general interest. (Political Constitution of Colombia, 1991, Art. 1).
In this context, at least two possibilities arise when providing the foregoing answer. First, (i) the speaker may be little more than a transmitter who, rather than conveying an autonomous idea and a comprehensive understanding of what Colombia’s political organization entails, merely reproduces the constitutional provision as a collection of words whose significance does not extend beyond the definition or semantics of each of the categories comprising it. Conversely, (ii) there is also the possibility that the speaker understands the answer provided not merely as an aggregation of words contained in a legal provision, but rather as a parameter for analyzing, studying, and proposing solutions to the legal problems inherent in a social, political, economic, and legal system as complex as Colombia’s.
For the purposes of this study, the second meaning will be adopted, and it will be argued that Colombia’s political organization as a Social State Governed by the Rule of Law —hereinafter, S.S.R.L.— constitutes the fulcrum from which it is possible to seek to “move the world” (Archimedes of Syracuse, 3rd century B.C.)¹, at least insofar as the Colombian legal order is concerned. This is so because, based on the constituent elements of the S.S.R.L. and the implications that such political organization entails both for society and for the institutions comprising the State itself, it is possible to identify and describe serious problems that affect, precisely, the materialization of Colombia as a S.S.R.L. in the fullest sense of the term.
In light of the foregoing preliminary considerations, it must be stated that this research will focus precisely on one of those legal problems that are inconsistent with the political organization envisaged by the Constituent Assembly of 1991 and that, for this very reason, warrants careful examination. This problem concerns “Extractive Colombia”, or, in other words, the exploitation and utilization of non-renewable natural resources by the Colombian State in connection with mining activities. As will be demonstrated throughout this study, such activities generate part of the revenues that sustain or contribute to public finances. Paradoxically, however, they also give rise to serious debates concerning environmental conservation, as well as the deficient implementation, harmonization, and, ultimately, institutional coordination among the various State actors involved in the exploitation of these resources and the simultaneous promotion of sustainable development and environmental preservation.
Consistent with the foregoing, and for the purpose of establishing a conceptual delimitation of the subject to be examined in this study, this research proposes to determine whether there is effective application of the principles of harmonization and coordination in the development of activities involving the exploitation and utilization of non-renewable natural resources by the Colombian State arising from mining activities, and how the application or omission of these principles produces effects on the fulfillment of the State’s corresponding positive obligations, particularly with regard to the protection of collective rights such as the right to a healthy environment, as well as the protection of legitimate expectations and good faith in the exercise of its administrative functions and vis-à-vis all actors involved in the aforementioned extractive activities.
At present, a substantial part of Colombia’s economic stability depends directly upon the exploitation of non-renewable resources located in the country’s subsoil. These resources are acquired, for the most part —if not entirely— through mining activities because, as will be discussed below, such extractive activities and the subsequent commercialization of the resources concerned constitute a significant source of revenue for the State. This, however, does not preclude the existence of situations of institutional conflict and legal uncertainty that arise on a daily basis through the express positions adopted by means of administrative acts issued by the various authorities responsible for regulating the matter, particularly with respect to, for example, the procedures governing the authorization of the exploration and/or exploitation of non-renewable resources in the country.
The greatest concern throughout the country lies in the existence of various conflicts and instances of lack of coordination among State institutions regarding the manner in which extractive activities are to be carried out. This situation has resulted in the issuance of resolutions, legal opinions, judicial decisions, and administrative actions that proceed along entirely different lines, thereby generating legal uncertainty for those who, in seeking to formalize their activities and comply with their legal responsibilities, turn to State institutions for protection and guidance in order to lawfully exploit subsoil resources while complying with the requirements imposed by the State.
The foregoing inevitably leads one to consider, or at the very least to question, the application of the principles of coordination and harmonization by the State institutions competent in environmental matters when exercising their administrative functions. This is particularly relevant given that, where rights coexist or come into conflict, institutions must ensure the protection of the guarantees whose promotion and effective realization constitute obligations owed to those subject to their authority. In other words, decision-making and the implementation of decisions in the exercise of public power must be directed toward the proper application of the law while safeguarding the welfare of society as a whole (A. Cárdenas & C. Cárdenas, 2002), without transferring institutional conflicts onto citizens, as will be illustrated throughout this research.
It is also important to highlight the evident institutional fragmentation concerning oversight, information deficiencies, mining-environmental planning, and administrative action. This situation has led an entire sector of the national economy —namely, the extractive industries— to operate within a legal limbo characterized by uncertainty and indeterminacy regarding both State guarantees and the exercise of private enterprise.
It follows, therefore, that Colombia currently exhibits serious indications of a profound crisis of coordination and harmonization among the various public entities involved in the development of activities encompassing the exploration and/or exploitation of non-renewable natural resources located in the Colombian subsoil. There is no doubt that there is an urgent need to harmonize, coordinate, and unify administrative action in order to safeguard citizens’ rights and preserve the environment.
Against this backdrop, the present study constitutes an ambitious attempt to develop a conceptual approach to the principles of harmonization and coordination, as well as to examine their current degree of implementation and application in the administrative actions of environmental authorities. This inquiry is undertaken through a qualitative, analytical-descriptive methodology, aimed directly at describing and identifying the fundamental elements governing the legal problem under examination, analyzing those elements, and, in this manner, establishing a landmark case, examined through the jurisprudential analysis methodology developed by Dr. Diego Eduardo López Medina. This methodology establishes that, in constructing lines of jurisprudential development, it is not necessarily the number of judgments that matters; rather, particular attention should be given to the decision that establishes a variation in, or the origin of, a specific jurisprudential balance, as will be explained below.
Likewise, this study seeks to identify and distinguish the State institutions involved in or competent to manage extractive activities, with a view to determining their current allocation of functions and, consequently, identifying any institutional deficiencies that may arise within that framework. It will also describe the constitutional and statutory parameters to which such institutions should be subject in order to guarantee coordinated and harmonious administrative action while exercising the specific powers conferred upon them by law.
In light of the foregoing, this research is structured into three chapters, as follows:
The first chapter, entitled “A Conceptual Approach to the Legal Framework Governing the Exploitation of Non-Renewable Natural Resources in Colombia Arising from Mining Activities,” provides an examination of the following thematic areas or conceptual categories, whose prior study is essential to the description and development of the research problem: (i) the notion of an Environmental Constitution, or the constitutional principles currently applicable to environmental matters, including a normative, principled, and axiological analysis; (ii) Colombia’s organization as a Social State Governed by the Rule of Law and its impact on the formulation of environmental public policy aimed at preserving sustainable development and promoting responsible extractive practices; (iii) the legislative evolution of environmental law in Colombia, particularly as it relates to the exploitation of non-renewable natural resources; and (iv) the economic impact in Colombia of activities associated with the exploitation —extraction and commercialization— of non-renewable natural resources arising from mining activities.
The second chapter, entitled “The Institutional and Organizational Framework Governing the Exploitation of Colombia’s Non-Renewable Natural Resources and the Constitutive Principles of Proper Administrative Action,” will examine, respectively: (i) environmental public authorities and their role in economic activities aimed at exploiting non-renewable natural resources; and (ii) the legal nature of the principles of coordination and harmonization in administrative action, complemented by the principles of legality, legitimate expectations, and good faith, as parameters governing the proper conduct of public administration.
It is important to clarify that the conceptual approach developed in the first two chapters entails a specific analysis of each of the categories under examination, following a similar structure: beginning with a description of their legal basis and nature, followed by an examination of their scope, their practical significance, and, where appropriate, the challenges or difficulties that may arise in guaranteeing and implementing them by the State.
Returning to the structure of this study, it should be noted that the third chapter, entitled “Institutional Fragmentation and Legal Uncertainty Regarding Administrative Action in Connection with the Exploitation of Non-Renewable Natural Resources in Colombia Arising from Mining Activities,” constitutes the substantive development of the research problem itself. By this stage, the concepts examined in the first and second chapters make it possible to address: (i) the principal situations involving deficient expression, application, and/or implementation, within administrative action, of the principles of coordination and harmonization in connection with the exploitation of non-renewable natural resources; (ii) a description of some of the possible causes of such institutional fragmentation and the resulting failure to apply the principles of coordination and harmonization; and (iii) the effects or consequences of institutional fragmentation and legal uncertainty concerning the exploitation of non-renewable natural resources in Colombia. The latter section will inevitably require consideration of the potential impact of this problem on the effective enjoyment of certain collective rights.
More specifically, this third chapter will be developed on the basis of an examination of the second-instance judgment issued by the First Section of the Council of State in Case No. 25000234100020130245901, dated August 4, 2022, which upheld the judgment rendered at first instance by the Administrative Court of Cundinamarca, acting as a constitutional court, in deciding a popular action that brought to light significant deficiencies in the functioning of the State in connection with mining activities and the exploitation of non-renewable natural resources in Colombia. These deficiencies included: (i) evident institutional fragmentation among the bodies responsible for oversight and supervision of such activities; (ii) the insufficiency and obsolescence of the legal framework governing the matter; and (iii) the fact that State oversight and supervision of mining activities has, precisely, been ineffective.
Finally, following the development of the chapters described above, a number of brief conclusions will be presented which, as will be seen, will constitute a synthesis and assessment of the current state of the proposed legal problem, its causes and effects, and the outstanding obligations yet to be fulfilled by the State, with a view toward a gradual —yet prompt— approach to its resolution.
As can be appreciated, this inquiry adopts a predominantly descriptive approach, without prejudice to the inclusion, throughout its development, of various propositive considerations aimed at the gradual overcoming of the institutional fragmentation and legal uncertainty currently existing in relation to “Extractive Colombia,” as briefly described above and as developed extensively throughout this study.
According to Hernández, Fernández, and Baptista (2014), descriptive research studies:
“(…) seek to specify the properties, characteristics, and profiles of individuals, groups, communities, processes, objects, or any other phenomenon subjected to analysis. In other words, they merely seek to measure or collect information, either independently or jointly, concerning the concepts or variables to which they refer; their objective is not to indicate how these are related” (p. 92).
Accordingly, this study seeks solely to describe the current institutional and legal landscape surrounding mining activities for the exploitation of non-renewable natural resources in Colombia, as well as the current situations of institutional fragmentation that may need to be addressed and overcome in the near future.
To date, extensive scholarly discussion has taken place concerning the anthropocentric approach² underlying our legal system, a proposition that cannot reasonably be disputed. Nevertheless, it is equally true that the same legal order, as well as the individuals who comprise society, recognizes the importance of protecting collective rights relating to the environment. Since the environment constitutes an indispensable means for the advancement and well-being of human beings, its protection must be regarded as a priority; yet it must also be protected as an end in itself, insofar as it constitutes an object of constitutional protection. All of these circumstances unquestionably warrant careful attention and sustained focus in legal research addressing issues of Environmental Law and the exercise of collective rights.
It follows that scholarly discussions concerning economic activities involving the exploitation of the environment, as well as institutional fragmentation or uncoordinated administrative action, should now command the attention of the legal community. Ultimately, the exploitation of non-renewable natural resources and the potential deficiencies in the procedures governing such activities should serve as a warning, not only because of their economic importance to the country, but also because of the potential impact they may have on the full and effective exercise of individuals’ rights.
Whether knowingly or not, and whether anticipated or otherwise, research into environmental matters constitutes the first mechanism through which to sustain a new dialogue concerning the manner in which the destiny or future of the planet is being shaped, including through the examination of institutional deficiencies in the responsible exploitation of the environment. Indeed, as Pope Francis stated, “(…) We need a conversation that brings us all together, because the environmental challenge we are experiencing, and its human roots, concern and affect us all” (Francis I, 2015, p. 11). Such dialogue is possible only through the inquisitive and meticulous perspective of the researcher as it engages with the legal problems surrounding economic activities involving the exploitation of environmental resources.
For this reason, it is necessary to reaffirm the question that gave rise to this study: Does Colombia effectively apply the principles of coordination and harmonization in the development of activities involving the exploitation of non-renewable natural resources arising from mining activities, and what effects does their potential non-application have on the collective right to a healthy environment, as well as on the legitimate expectations and good faith of those subject to administrative action?
Hence arises the need to establish the justification for this study and to frame it as twofold: on the one hand, the undeniable economic importance of mining activities to the country; and, on the other, the significance of environmental collective rights, which the Constitution itself elevates to the status of essential purposes of the State. Consequently, the very core of this research is further justified by the legal uncertainty generated by institutional fragmentation, culminating in the solution proposed by the author with respect to decision-making within public administration.
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spa
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Bernal Mesa, L. C. (2026). Los Principios De Armonización Y Coordinación En el Aprovechamiento De los Recursos Naturales No Renovables En Colombia [Trabajo de Mestría, Universidad Santo Tomás].Repositorio Institucional
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