Frete a las competencias conferidas por la constitución política de Colombia de 1991 a los territorios indígenas como nuevas entidades territoriales, se hacía necesario que el legislador los dotara de mecanismos eficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas abordadas desde sus planes de vida, por lo que se hacía necesario la expedición de normas contractuales, sin que se perdiera su derecho de origen, por lo que el gobierno nacional ante la omisión del legislador, expidió el decreto 1953 de 2014, permitiéndoles contratar por intermedio de los departamentos y municipios o con las asociaciones de cabildos sin perder su autonomía, conservando su derecho de origen y sus costumbres