La Constitución Política de Colombia de 1991, norma de normas según la pirámide kelseniana, se refiere durante todo su articulado a los principios fundamentales del Estado Colombiano y en desarrollo, consagró -es de aclarar, no restrictiva ni taxativamente- los principios de la administración pública. Así, en el preámbulo se declara la República de Colombia como una Nación con un “(…) marco jurídico, democrático y participativo (…)” (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1991). Posteriormente, en su artículo segundo, entre los fines esenciales del Estado incluye “(…) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)” (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1991), y finalmente, en el artículo 209, capítulo V, Título VII, incluye la eficacia como un principio de la administración.