El delito de la captación masiva y habitual de dineros lejos de ser un tema eminentemente jurídico, abordado exclusivamente por los juristas y por aquellas instituciones que manejan la política criminal y financiera del Estado, se ha puesto en boca de toda la sociedad colombiana en la actualidad, por cuanto este trae consigo aspectos que afectan ineluctablemente a toda la economía Nacional. Cierto es que la anterior consideración y reflexión se debe a la problemática que perturbó a Colombia en los años 2008 y 2009, y aún hoy en día, con las famosas y tristemente celebres pirámides o captadoras de dinero, que ofrecían exorbitantes ganancias a sus ahorradores en un muy corto tiempo de inversión; pero, que en su constitución, aportes, funcionamiento interno, movimiento económico e inversiones, utilidades y demás, no era muy claro para los organismos del gobierno central y de control, los que llegaron “rápidamente” a la conclusión, que esta actividad traía consigo matices ilegales que se adentraron en la circunscripción penal.