En nuestro país, el procedimiento estipulado en la normatividad nacional para investigar, acusar y juzgar a los altos dignatarios ha sido muy flexible y tal vez se podría decir que improductivo; estos altos funcionarios de los que se hará mención en este artículo son los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación, pues son ellos quienes cumplen una función un poco más densa, cuando de administrar justicia se trata, ya que con ellos los funcionarios cuentan con fuero constitucional en nuestro país.