Derecho a un ambiente sano
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Morales Cantillo, Katerin Andrea
Jaimes González, Angie Julieth
Director
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gruplac
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Universidad Santo Tomás
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Descripción
Colombia ha avanzado significativamente en legislación ambiental, respaldada por la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, que estableció el Ministerio de Ambiente y “el Sistema Nacional Ambiental” (SINA). La Corte Constitucional ha jugado un papel crucial en la expansión de los derechos ambientales mediante decisiones históricas. Sin embargo, la implementación efectiva enfrenta desafíos como la tala de árboles, la contaminación del agua, el cambio climático y el amparo de derechos de colectividades indígenas y afrodescendientes. La deforestación persiste debido a la expansión agrícola, la minería ilegal y los cultivos ilícitos, mientras que las fuentes de agua sufren por los desechos industriales y agrícolas. La minería ilegal, especialmente la de oro, presenta amenazas ambientales y sociales, agravadas por dificultades en la armonización y disminución de impactos negativos del cambio climático. Proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes es crucial debido a su dependencia de los recursos naturales y su vulnerabilidad frente a actividades extractivas.
Para superar estos desafíos, Colombia debe fortalecer la capacidad institucional, mejorar la coordinación intergubernamental y asegurar una participación robusta de la sociedad civil en la gestión ambiental. Fortalecer los mecanismos de aplicación, combatir la corrupción y promover la educación ambiental son pasos cruciales. Las políticas que promuevan la agricultura sostenible, regulaciones industriales más estrictas e iniciativas de energías renovables son fundamentales para mitigar la degradación ambiental. La cooperación internacional y el apoyo financiero también son necesarios para fortalecer los esfuerzos de Colombia.
Abstract
Colombia has made significant strides in environmental legislation, anchored by “the Constitution of 1991” and the pivotal Law 99 of 1993, which established “the Ministry of Environment and the National Environmental System” (SINA). The Constitutional Court has played a crucial role in expanding environmental rights through landmark rulings. However, effective implementation faces challenges such as deforestation, water pollution, climate change, and safeguarding indigenous and Afro-descendant rights. Deforestation persists due to agricultural expansion, illegal mining, and illicit crops, while water sources suffer from industrial and agricultural waste. Illegal mining, notably for gold, poses environmental and social threats, compounded by challenges in climate change adaptation and mitigation efforts. Protecting indigenous and Afro-descendant communities is critical, given their reliance on natural resources and vulnerability to extractive activities.
To overcome these challenges, Colombia must enhance institutional capacity, improve intergovernmental coordination, and ensure robust civil society participation in environmental management. Strengthening enforcement mechanisms, combating corruption, and fostering environmental education are crucial steps. Policies promoting sustainable agriculture, stricter industrial regulations, and renewable energy initiatives are essential for mitigating environmental degradation. International cooperation and financial support are also necessary to bolster Colombia's efforts.
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spa
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Citación
Morales Cantillo, K. y Jaimes Gonzalez, A. (2025). Derecho a un ambiente sano. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
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