EL DERECHO DE DEFENSA, EL DERECHO A LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO, FRENTE A LA LIMITACIÓN EN LA PROCEDENCIA DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL.
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GUTIERREZ MENDIETA, DIANA KATHERINE
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Universidad Santo Tomás
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El estudio del procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia supone una especial importancia dada que se configura como la herramienta procesal a partir de la cual no solo se logra la protección constitucional sobre los recursos naturales y el medio ambiente en general, sino que es partir del mismo que es posible el control sobre toda actividad relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales y la consecuente sanción sobre los individuos infractores de la normatividad ambiental, que regula el cuidado y promoción del medio ambiente como un derecho fundamental y humano.
En ese sentido, el estudio del procedimiento sancionatorio ambiental, como expresión de la potestad sancionatoria del Estado en la materia, implica un especial análisis, pues al tratarse del mecanismo a través del cual se sanciona al presunto infractor, debe considerarse de suma importancia el respeto de las garantías procesales inmersas en el procedimiento administrativo teniendo en cuenta los límites de la potestad sancionatoria y el respeto y garantía de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la defensa, entre otros.
Bajo este entendido, se requiere un análisis crítico del alcance de las reformas recientes introducidas por la Ley 2387 de 2024 y la Ley 1333 de 2009, reguladoras del procedimiento sancionador ambiental, en particular respecto a la inclusión condicionada de la etapa de alegatos de conclusión, como un aspecto crucial en la garantía de derechos como el debido proceso.
De esta manera, se propone analizar si, la inclusión restringida de esta etapa procesal genera inseguridad jurídica tanto para los administrados como para las autoridades ambientales, en la medida en que su procedencia depende de una circunstancia previa (la práctica de pruebas), y no de la necesidad estructural de garantizar el derecho a ser escuchado antes de la imposición de una sanción. "Esta situación puede originar interpretaciones diversas entre las autoridades ambientales, lo que podría generar desigualdades en la aplicación de la normativa."
Desde el punto de vista doctrinal, esta investigación representa una contribución al estudio del derecho administrativo sancionador en el contexto ambiental, a partir de una norma relativamente nueva, sobre la cual no se ha escrito mucho Ley 2387 de 2024, en donde confluyen intereses colectivos y garantías individuales en tensión constante. Al delimitar las implicaciones jurídicas de esta reforma, se aportan criterios útiles para la interpretación constitucional y legal del procedimiento sancionatorio ambiental, lo cual puede incidir en el desarrollo de futuras reformas legislativas o lineamientos jurisprudenciales, además de su contribución frente a la protección de los derechos de los ciudadanos que enfrentan procedimientos sancionatorios ambientales, sin desproteger los fines legítimos del Estado en materia de sostenibilidad y preservación ambiental, y sin desconocer de manera alguna la fundamentabilidad del proceso sancionador ambiental.
Abstract
The study of the environmental sanctioning procedure in Colombia is of particular importance given that it is the procedural tool through which not only constitutional protection of natural resources and the environment in general is achieved, but also through it, control over all activities related to the exploitation of natural resources and the subsequent sanctioning of individuals who violate environmental regulations, which regulate the care and promotion of the environment as a fundamental human right is possible.
In this sense, the study of the environmental sanctioning procedure, as an expression of the State's sanctioning power in this matter, entails a special analysis. As the mechanism through which the alleged offender is sanctioned, respect for the procedural guarantees embedded in the administrative procedure must be considered of utmost importance, taking into account the limits of the sanctioning power and respect for and guarantee of the rights to due process, equality, and defense, among others.
Under this understanding, a critical analysis of the scope of the recent reforms introduced by Law 2387 of 2024 and Law 1333 of 2009, which regulate the environmental sanctioning procedure, is required, particularly with regard to the conditional inclusion of the closing arguments stage, as a crucial aspect in guaranteeing rights such as due process.
Thus, it is proposed to analyze whether the restricted inclusion of this procedural stage generates legal uncertainty for both the governed and the environmental authorities, to the extent that its admissibility depends on a prior circumstance (the taking of evidence) and not on the structural need to guarantee the right to be heard before a sanction is imposed. "This situation may give rise to diverse interpretations among environmental authorities, which could generate inequalities in the application of the regulations."
From a doctrinal perspective, this research represents a contribution to the study of administrative sanctioning law in the environmental context, based on a relatively new regulation, on which little has been written (Law 2387 of 2024), where collective interests and individual guarantees converge in constant tension. By delimiting the legal implications of this reform, useful criteria are provided for the constitutional and legal interpretation of the environmental sanctioning procedure, which may influence the development of future legislative reforms or jurisprudential guidelines, in addition to its contribution to the protection of the rights of citizens facing environmental sanctioning procedures, without neglecting the legitimate purposes of the State in matters of sustainability and environmental preservation, and without in any way ignoring the grounds of the environmental sanctioning process.
Idioma
spa
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Citación
Gutiérrez Mendieta, D., K. (2025). EL DERECHO DE DEFENSA, EL DERECHO A LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO, FRENTE A LA LIMITACIÓN EN LA PROCEDENCIA DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL. [Tesis de maestría, Universidad Santo Tómas].
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