Competencias otorgadas a la procuraduría general de la nación para inhabilitar servidores públicos de elección popular
Cargando...
Fecha
2021-07-14
Director
Enlace al recurso
DOI
Google Scholar
gruplac
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Santo Tomás
Compartir
Documentos PDF
Resumen
Con el fin de garantizar la armonía de las normas internas Colombianas y así mismo la prevalencia de los derechos humanos de nuestros connacionales, Colombia ha suscrito numerosos tratados internacionales a lo largo de la historia, haciendo parte estos mismos, del bloque de constitucionalidad, ubicándolos en un nivel jerárquico superior a nuestro ordenamiento legal interno, así mismo la carta magna le ha otorgado potestades al ente administrativo Procuraduría General de la Nación, que ha generado controversia con los tratados Internacionales, por las decisiones que ha tomado en materia disciplinaria destituyendo e inhabilitando a servidores públicos elegidos popularmente a través del voto popular, dichas decisiones han sido controvertidas y llevadas a campos internacionales, con el fin de salvaguardar derechos humanos que se ven quebrantados y amenazados, presentándose de esta manera un choque de trenes entre dos sistemas normativos uno nacional y otro internacional denominado (sistema normativo interamericano de derechos humanos), las atribuciones que se le otorgaron al procurador general de la nación como autoridad administrativa (no judicial) son contrarias a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así lo manifiesta en sus numerosas intervenciones, como ejemplo traemos a colación el caso Petro; mediante el cual la convención Americana sobre Derechos Humanos no permite “que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción por ejemplo, interponer una pena de inhabilitación o destitución a una persona por su conducta social, en el ejercicio de la función pública o fuera de ella, para llevar a cabo el ejercicio de los derechos políticos, a elegir y ser elegido, solo puede serlo por sentencia o acto jurisdiccional del juez competente en el correspondiente proceso penal”, es por ello que a lo largo de este trabajo entraremos a investigar si se violan o no los derechos humanos de los servidores públicos y si las potestades sancionatorias del procurador general de la nación cumplen los fines estatales de Colombia como estado social de Derecho. (Portillo & Sanjuan, 2015)
¿Las facultades otorgadas a la Procuraduría General de la Nación en las decisiones que le asisten frente a la destitución de servidores públicos de elección popular difieren de los tratados firmados y ratificados por Colombia vulnerando Derechos Fundamentales?
Abstract
In order to guarantee the harmony of the internal Colombian norms and also the prevalence of the human rights of our compatriots, Colombia has signed numerous international treaties throughout history, making them part of the constitutionality block, placing them in a hierarchical level superior to our internal legal system, likewise the Magna Carta has granted powers to the administrative entity Attorney General's Office, entering into conflict with international treaties, due to the decisions it has taken in disciplinary matters on popularly elected public servants Through voting, these decisions have been controversial and taken to international fields, in order to safeguard human rights that are violated and threatened, thus presenting a train crash between two normative systems, one national and the other international called (system Inter-American law of law s human), the attributions that were granted to the attorney general of the nation as an administrative authority (not judicial) are contrary to the international treaties ratified by Colombia, as it manifests in his numerous interventions, as an example we bring up the Petro case; by which the American Convention on Human Rights does not allow “that any administrative body can apply a sanction that implies a restriction, for example, impose a penalty of disqualification or dismissal of a person for his social conduct in the exercise of public function or outside of it for the exercise of political rights to choose and be elected can only be by sentence or jurisdictional act of the competent judge in the corresponding criminal process ", that is why throughout this work we will investigate whether or not they are violated or not the human rights of public servants and if the sanctioning powers of the attorney general of the nation fulfill the state goals of Colombia as a social state of law. (Portillo & Sanjuan, 2015)
¿The powers granted to the Office of the Attorney General of the Nation in the decisions that assist it in the removal of public servants of popular election differ from the treaties signed and ratified by Colombia, violating Fundamental Rights?
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Rubio Herrera, J. & Cerpa Daza, J. (2021) Competencias otorgadas a la procuraduría general de la nación para inhabilitar servidores públicos de elección popular. [Articulo académico, Universidad Santo Tomás]. Repositorio
Colecciones
Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia