Prueba técnica urbanística y debido proceso en la ley 1801
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Universidad Santo Tomás
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Este artículo analiza el valor jurídico de los informes técnicos especializados utilizados en el proceso verbal abreviado por infracciones urbanísticas previsto en la Ley 1801 de 2016. El problema se ubica en la tensión entre la necesidad administrativa de contar con apoyo técnico para verificar obras sin licencia, áreas intervenidas o incumplimientos urbanísticos, y la exigencia del artículo 223, literal c), según la cual los informes técnicos deben ser rendidos por servidores públicos del nivel central o descentralizado del orden territorial. A partir de una metodología dogmática, de revisión de tema y de contraste empírico con actuaciones públicas de Guarne, Sabaneta y Bogotá D.C., se sostiene que la prueba técnica no cumple un papel accesorio, sino que suele ordenar la totalidad de la decisión policiva. El análisis muestra que, cuando la autoridad funda una medida correctiva en un informe elaborado por contratistas sin acreditar habilitación funcional suficiente, pueden surgir riesgos de legalidad probatoria, contradicción material, motivación y debido proceso. La propuesta no desconoce las limitaciones reales de las entidades territoriales, pero plantea que la eficacia administrativa no puede sustituir la exigencia constitucional de competencia, imparcialidad y control probatorio.
Abstract
This article examines the legal value of specialized technical reports used in abbreviated verbal proceedings for urban infractions under Colombian Law 1801 of 2016. The issue lies in the tension between the administrative need for technical support to verify unlicensed construction, affected areas or urban-planning breaches, and Article 223(c), which requires technical reports to be issued by public servants at the territorial level. Based on a doctrinal methodology, a thematic review and an empirical contrast with public urban-control cases from Guarne, Sabaneta and Bogotá D.C., the paper argues that technical evidence is not merely accessory but often structures the entire police decision. The analysis shows that when an authority grounds a corrective measure on a report prepared by contractors without sufficient proof of functional authorization, risks may arise regarding evidentiary legality, material contradiction, reasoning and due process. The proposal does not ignore territorial institutional constraints, but it argues that administrative effectiveness cannot replace constitutional requirements of competence, impartiality and evidentiary control.
Idioma
spa
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Citación
Riaño Castañeda, C. E. y Martínez Castañeda, N.M. (2026). Prueba técnica urbanística y debido proceso en la ley 1801 [Trabajo de Maestría, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
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