La fractura de la tutela judicial efectiva: estanqueidad probatoria y revictimización institucional en el abordaje de la violencia de género en Colombia
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Universidad Santo Tomás
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La investigación examina la disfuncionalidad del sistema procesal colombiano frente a la violencia basada en género, manifestada en una estanqueidad probatoria interjurisdiccional que compromete la eficacia de la tutela reforzada y contraviene el mandato de debida diligencia. A partir del análisis de la tensión normativa y funcional entre el régimen probatorio del proceso penal acusatorio y el del proceso civil-familia, se evidencia cómo la desconexión operativa entre las jurisdicciones penal y de familia impone a la víctima una carga redundante de producción de prueba sobre un mismo fenómeno violento. Esta duplicación no responde a exigencias epistémicas autónomas, sino a la autosuficiencia probatoria estructural de cada jurisdicción, que exige reconstrucciones independientes del hecho ya documentado por el aparato penal. La dimensión empírica confirma el carácter sistémico de esta disfunción. Los datos forenses a julio de 2025 registran 22.116 casos de violencia de pareja, en su gran mayoría con víctimas mujeres, que transitan simultáneamente por escenarios penales y de familia. En este universo masivo, la falta de circulación probatoria interjurisdiccional se traduce en duplicidad de peritajes y reiteración testimonial, pese a la existencia de evidencia técnica estatal producida en sede penal. La práctica de evacuación independiente ignora el estándar constitucional que reconoce el valor central del relato de la víctima en contextos de violencia de género y la suficiencia de la prueba contextual cuando es coherente y persistente. El sistema exige así la reproducción formal de una “prueba única” ya existente, transformando la autonomía jurisdiccional en una barrera técnica para la protección efectiva. Se concluye que esta fragmentación probatoria anula la economía procesal, desplaza sobre la víctima el costo de la desarticulación institucional y perpetúa una desprotección jurídica estructural. Mientras la autonomía probatoria siga impidiendo el tránsito eficaz de la evidencia entre jurisdicciones que conocen de una misma agresión, el enfoque de género permanecerá en el plano declarativo y no en el operativo. La estanqueidad probatoria revela así una contradicción interna del sistema: proclama la protección integral frente a la violencia de género, pero organiza su respuesta procesal de manera fragmentada, reproduciendo institucionalmente el daño que pretende erradicar.
Abstract
The study examines the dysfunctionality of the Colombian procedural system in addressing gender-based violence, manifested in an interjurisdictional evidentiary compartmentalization that undermines the effectiveness of enhanced protection and contravenes the due diligence mandate. Through an analysis of the normative and functional tension between the evidentiary regime of the accusatory criminal process and that of civil-family proceedings, it shows how the operational disconnection between criminal and family jurisdictions imposes on the victim a redundant burden of producing evidence concerning the same violent phenomenon. This duplication does not arise from autonomous epistemic requirements but from the structural evidentiary self-sufficiency of each jurisdiction, which demands independent reconstructions of events already documented by the criminal apparatus. The empirical dimension confirms the systemic nature of this dysfunction. Forensic data as of July 2025 record 22,116 cases of intimate partner violence—overwhelmingly involving female victims—that simultaneously traverse criminal and family forums. Within this large universe, the absence of interjurisdictional circulation of evidence results in duplicated expert examinations and repeated testimony, despite the existence of state-generated technical evidence produced in criminal proceedings. The practice of independent evidentiary evacuation disregards the constitutional standard that recognizes the central value of the victim’s narrative in contexts of gender-based violence and the sufficiency of contextual evidence when it is coherent and consistent. The system thus requires the formal reproduction of a “single piece of evidence” that already exists, transforming jurisdictional autonomy into a technical barrier to effective protection. It is concluded that this evidentiary fragmentation nullifies procedural economy, shifts onto the victim the cost of institutional disarticulation, and perpetuates structural legal unprotection. So long as evidentiary autonomy continues to impede the effective transfer of evidence between jurisdictions addressing the same aggression, the gender perspective will remain declaratory rather than operational. Evidentiary compartmentalization thus reveals an internal contradiction of the system: it proclaims comprehensive protection against gender-based violence while organizing its procedural response in a fragmented manner, institutionally reproducing the very harm it seeks to eradicate.
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spa
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Citación
Castro Castaño, M. & Bermúdez Cárdenas, f. (2026). La fractura de la tutela judicial efectiva: estanqueidad probatoria y revictimización institucional en el abordaje de la violencia de género en Colombia. [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional
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