Que efectos a nivel de principios y derechos constitucionales producen las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1742 de 2014.
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2016-07
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
Nuestra Constitución Política de 1991, en su artículo primero establece que Colombia es un estado social de derecho, el cual busca garantizar los derechos y principios fundamentales de todos sus asociados, además de la prevalencia del interés general, lo cual es el punto de partida para el desarrollo de esta trabajo de investigación, por cuanto según lo establece el artículo 58 de la misma constitución, el particular deberá soportar las cargas públicas que le impone el Estado, cuando por motivos de utilidad pública e interés social a través de un proceso de expropiación administrativa limita su derecho a la propiedad privada a cambio de una indemnización por todos los daños ocasionados al afectado, la cual jurisprudencialmente debe ser justa, plena y total.
Así las cosas, entraremos a determinar si el procedimiento que establece el artículo 6º de la Ley 1742 de 2014, en cuanto al pago por concepto del valor del inmueble en la etapa de expropiación, ya sea judicial o administrativa vulnera derechos y principios constitucionales.
Abstract
Our Constitution of 1991, in its first article states that Colombia is a social state of law, which seeks to guarantee the fundamental rights and principles of all its partners, in addition to the prevalence of general interest, which is the starting point for the development of this research, because as established by Article 58 of the constitution, the individual must bear public burdens imposed by the State when, for reasons of public utility and social interest through a process of expropriation administrative limits their right to private property in exchange for compensation, for all damages caused to the affected, which jurisprudencialmente must be fair, full and complete. So, we enter to determine whether the procedure laid down in article six of Act 1742 of 2014, regarding the payment for the value of the property at the stage of expropriation, whether judicial or administrative violates constitutional rights and principles.
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