Contrato Administrativo de Prestación de Servicios a la Luz del Principio de Primacía de la Realidad Sobre las Formalidades
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Cifuentes Acosta, Laura Camila
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Universidad Santo Tomás
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Descripción
En la administración pública colombiana, la vinculación laboral de las personas con el Estado se clasifica en tres (3) categorías: funcionarios públicos, empleados públicos y trabajadores oficiales. Aunque todas tienen un vínculo directo con el Estado, se diferencian en su función y condiciones laborales. Los funcionarios públicos son aquellos que ejercen funciones de autoridad con responsabilidades específicas y están sujetos a un régimen especial. Tienen la libertad de nombramiento y remoción debido a la naturaleza política de sus cargos. Los empleados públicos, en cambio, ocupan cargos dentro de la administración, pero no necesariamente como autoridades. Sus funciones se describen en reglamentos y son de tipo administrativo, por lo que son considerados de carrera. Por último, los trabajadores oficiales no ejercen autoridad y realizan tareas que podrían hacer particulares, como actividades de construcción. Se vinculan al Estado mediante un contrato de trabajo y siguen el régimen laboral común, aunque con algunas especificidades del sector público.
Además de estas categorías, existe el contrato administrativo de prestación de servicios (CAPS), que permite a las entidades estatales contratar personas para tareas relacionadas con la administración, siempre que no sean permanentes y requieran conocimientos especializados. Este tipo de contrato no genera una relación laboral ni prestaciones sociales.
El contrato administrativo de prestación de servicios establece obligaciones y derechos para asegurar que los servicios se presten adecuadamente, de forma temporal e insubordinada. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos en el reconocimiento de derechos laborales, ya que a menudo se utilizan para ocultar relaciones laborales reales. Esto lleva a una situación en la que la persona contratada se encuentra en una relación de subordinación, lo que llevaría a dar aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad, el cual busca garantizar la protección de derechos laborales, sin importar las formalidades del vínculo, a través de la declaratoria del contrato realidad.
Abstract
In the Colombian public administration, the employment relationship of persons with the State is classified into three (3) categories: civil servants, public employees and official workers. Although all have a direct link with the state, they differ in their role and working conditions. Public servants are those who exercise authority with specific responsibilities and are subject to special treatment. They are free to appoint and remove because of the political nature of their posts. Public employees, on the other hand, occupy positions within the administration but not necessarily as authorities. Their duties are described in regulations and are administrative in nature, so they are considered careers. Finally, official workers do not exercise authority and perform tasks that could be performed by individuals, such as construction activities. They are linked to the state by an employment contract and follow the common labor regime, although with some public sector specificities.
In addition to these categories, there is the administrative contract for the provision of services (CAPS), which allows state entities to hire people for tasks related to administration, provided that they are not permanent and require specialized expertise. This type of contract does not give rise to an employment relationship or social benefits.
The administrative contract for the provision of services establishes obligations and rights to ensure that the services are provided properly, on a temporary and non-subordinate basis. However, its application faces challenges in the recognition of labor rights as they are often used to conceal real employment relationships. This leads to a situation where the person hired is in a subordinated relationship, which would lead to the application of the constitutional principle of the primacy of reality, which seeks to ensure protection of labor rights, The contract is concluded by means of a declaration of the contract
Idioma
spa
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Cifuentes Acosta, L. (2025). Contrato administrativo de prestación de servicios a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. [Articulo académico, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional
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