Derechos políticos entre sistemas: reflexiones desde el ordenamiento colombiano y el sistema interamericano de derechos humanos
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Universidad Santo Tomás
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El trabajo analiza la compatibilidad entre la potestad disciplinaria atribuida a la Procuraduría General de la Nación respecto de servidores públicos de elección popular y el estándar de protección de los derechos políticos previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La investigación parte de una tensión estructural: mientras la Constitución colombiana reconoce a la Procuraduría competencia para vigilar y sancionar la conducta oficial, la Corte Interamericana ha sostenido, en los casos López Mendoza vs. Venezuela y Petro Urrego vs. Colombia, que una autoridad administrativa no puede destituir ni inhabilitar a una persona elegida popularmente cuando la medida restringe sus derechos políticos. Mediante una metodología jurídica cualitativa, documental, hermenéutica y comparada, se reconstruyen las principales decisiones de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como la respuesta legislativa contenida en la Ley 2094 de 2021. El análisis muestra que la Sentencia C-030 de 2023 avanzó hacia una reserva judicial para la ejecución de las sanciones, pero las sentencias de unificación de 2024 y 2025 reafirmaron una lectura interna que limita el alcance del control de convencionalidad autónomo. Se concluye que la tensión no está plenamente resuelta y que la compatibilidad del modelo depende de garantizar una decisión judicial previa, integral e independiente antes de producir la separación del cargo o la inhabilidad, con estándares reforzados de legalidad, proporcionalidad, plazo razonable y protección del mandato democrático
Abstract
This paper examines the compatibility between the disciplinary authority vested in the Office of the Inspector General of Colombia over popularly elected public officials and the standard of protection of political rights established in Article 23 of the American Convention on Human Rights. The research addresses a structural tension: while the Colombian Constitution empowers the Inspector General to oversee and discipline public officials, the Inter-American Court of Human Rights has held, particularly in López Mendoza v. Venezuela and Petro Urrego v. Colombia, that an administrative authority may not remove or disqualify a popularly elected official when such a measure restricts political rights. Using a qualitative, documentary, hermeneutic and comparative legal methodology, the study reconstructs the main decisions of the Inter-American Court, the Colombian Constitutional Court and the Council of State, as well as the legislative response embodied in Law 2094 of 2021. The analysis finds that Judgment C-030 of 2023 moved toward a judicial reservation for the enforcement of sanctions; however, the unification judgments issued in 2024 and 2025 reaffirmed a domestic interpretation that restricts autonomous conventionality review. The paper concludes that the conflict has not been fully resolved and that the model can only be considered compatible if removal or disqualification is preceded by an independent and comprehensive judicial decision, subject to enhanced standards of legality, proportionality, reasonable time and protection of the democratic mandate
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spa
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Rodríguez Ojeda, J y Martínez Alba, N. (2026). Derechos políticos entre sistemas: reflexiones desde el ordenamiento colombiano y el sistema interamericano de derechos humanos. [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional
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