El fortalecimiento de la participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – en Colombia

Los derechos de las víctimas, como principio interpretativo y como obligación del Estado en materia de protección y garantía, ha venido siendo objeto de centralidad – más precisa y recientemente – en el marco de la justicia transicional. En otras palabras, cada uno de los instrumentos, políticas, normatividades y procedimientos que se han venido diseñando e implementando en el marco de justicia transicional en Colombia se pregonan guiados por el principio ProVíctima; esto es, garantizando y protegiendo los derechos de las víctimas; entre otros, la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Cada uno de tales instrumentos ha generado y facilitado espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, no solo para que los procedimientos sean transparentes, sino para que la participación de las víctimas sea eficiente y permita un control social sobre las actuaciones del Estado. Pues bien, tanto el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP”, como las reformas constitucionales y las leyes promulgadas con ocasión de ella, expresan que la centralidad en las víctimas es medular y que su participación en los diferentes procedentes y escenarios debe ser garantizada por el Estado. El acuerdo y su corpus normativo creó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV); la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta última tiene por objetivo el investigar, juzgar y sancionar a personas que, por cumplir con los requisitos establecidos en la norma, cometieron crímenes relacionados con el conflicto armado interno previo a la suscripción del acuerdo. Se espera que, en el marco de la investigación, el juzgamiento y la sanción, las víctimas y las organizaciones que les representan puedan participar. Sobre tal expectativa devienen retos y oportunidades que son menester identificar, describir y analizar.

Abstract

The rights of victims, as an interpretative principle and as an obligation of the State in terms of protection and guarantee, has been centralized - more precisely and recently - in the framework of transitional justice. In other words, each of the instruments, policies, regulations and procedures that have been designed and implemented within the framework of transitional justice in Colombia are proclaimed guided by the ProVictima principle; that is, guaranteeing and protecting the rights of victims; among others, truth, justice, comprehensive reparation and guarantees of non-repetition. Each of these instruments has generated and facilitated spaces for the participation of victims and their organizations, not only so that the procedures are transparent, but also so that the participation of victims is efficient and allows social control over the actions of the State. Well, both the “Final Agreement for the Termination of the Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace, signed between the Colombian State and the FARC-EP”, as well as the constitutional reforms and the laws promulgated on the occasion, express that the centrality of the victims is essential and that their participation in the different sources and scenarios must be guaranteed by the State. The agreement and its normative corpus created an Integral System of Truth, Justice, Reparation and Non-repetition, integrated by the Commission for the Clarification of Truth, Coexistence and Non-repetition (hereinafter CEV); the Missing Persons Search Unit (UBPD) and; the Special Jurisdiction for Peace (JEP). The purpose of the latter is to investigate, prosecute and punish people who, for complying with the requirements established in the regulation, committed crimes related to the internal armed conflict prior to the signing of the agreement. It is expected that, within the framework of the investigation, prosecution and punishment, the victims and the organizations that represent them can participate. Upon such expectation, there are challenges and opportunities that must be identified, described and analyzed.

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