La procuraduría general de la nación frente a las sanciones administrativas de los servidores públicos elegidos por elección popular: análisis sobre la destitución e inhabilidad
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Universidad Santo Tomás
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La presente investigación pretende adelantar un análisis sobre las consecuencias impuestas al Estado Colombiano en la sentencia del caso Gustavo Petro VS Colombia, proferida el 8 de julio del 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que encontró que el Estado es responsable por la violación de los derechos políticos del señor Gustavo Petro que se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
En ese orden, resulta de especial relevancia valorar los efectos de las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto las normas que facultan al organismo de control para imponer estas sanciones a funcionarios democráticamente electos, tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos y, en consecuencia, constituyen una violación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que la destitución e inhabilidad general solo pueden imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena debidamente ejecutoriada, al margen de la violación del principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa.
Abstract
The present research aims to analyze the consequences imposed on the Colombian State in the judgment of the case Gustavo Petro vs. Colombia, issued on July 8, 2020, by the Inter-American Court of Human Rights, in which the Court found the State responsible for violating Mr. Petro’s political rights. These rights were affected as a result of the disciplinary sanction of removal from office as Mayor of Bogotá, D.C., and disqualification for a period of fifteen years from holding public office, imposed by the Office of the Inspector General of the Nation (Procuraduría General de la Nación).
In this regard, it is particularly relevant to assess the effects of the conclusions reached by the Inter-American Court, as the rules that empower the oversight body to impose such sanctions on democratically elected officials have a practical effect of disqualifying them from exercising their political rights. Consequently, this constitutes a violation of Article 23 of the American Convention on Human Rights, as removal and general disqualification may only be imposed by a criminal judicial authority through a final conviction, independently of the violation of the principle of jurisdictionality, the guarantee of impartiality, the presumption of innocence, and the right to defense.
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spa
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Citación
Castro Perafan, K. & Alonso Gómez, J. (2026). La procuraduría general de la nación frente a las sanciones administrativas de los servidores públicos elegidos por elección popular: análisis sobre la destitución e inhabilidad. [Articulo académico, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional
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