El delito de enriquecimiento ilícito de particulares y su violación de la carga de la prueba
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Universidad Santo Tomás
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Acuerdos regionales e internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC (2005) alientan a los estados miembro a tipificar como delito el enriquecimiento ilícito como parte del esfuerzo para combatir la corrupción, el lavado de dinero y redes criminales organizadas. Sin embargo, las preocupaciones sobre el debido proceso y la protección de los derechos del acusado han creado desafíos en la legislación relacionada, por tal razón la inversión de la carga en este delito evita la vulneración de derechos constitucionales y está reglamentada y aceptada en el Código de Procedimiento Penal en Colombia, de esta manera con el presente documento en materia probatoria desde el punto de vista de la investigación realizada, se ha admitido la inversión en la carga de la prueba en contra del procesado, como una situación irregular en materia procesal penal pues la carga probatoria debería recaer exclusivamente en la Fiscalía, que podría dar cierta igualdad a las partes en disputa, y así lograr la solución al conflicto presentado de una manera ágil y eficiente.
Abstract
Regional and international agreements such as the Inter-American Convention against Corruption (1996) and the United Nations Convention against Corruption UNCAC (2005) encourage member states to criminalize illicit enrichment as part of the effort to combat corruption, money laundering and organized criminal networks. However, concerns about due process and the protection of the rights of the accused have created challenges in related legislation, for this reason the reversal of the burden in this crime avoids the violation of constitutional rights and is regulated and accepted in the Code. of Criminal Procedure in Colombia, in this way with this document in evidentiary matters from the point of view of the investigation carried out, the inversion in the burden of proof against the defendant has been admitted, as an irregular situation in criminal procedural matters since the burden of proof should fall exclusively on the Prosecutor's Office, which could give a certain equality to the parties in dispute, and thus achieve a solution to the conflict presented in an agile and efficient manner.
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spa
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